Alimentar el fuego y no adornar sus cenizas. Sobre los límites del movimiento estudiantil en México

Son las 3:00 de la tarde del 3 de septiembre de 2018 en una de las metrópolis más grandes del mundo: la Ciudad de México. Una manifestación estudiantil comienza a organizarse frente al mayor símbolo de la jerarquía de la UNAM —la universidad pública más grande de México, compuesta también de un sistema de educación media superior—: la torre de Rectoría de Ciudad Universitaria. Estudiantes de CCH Oriente, Vallejo y Naucalpan, de las Preparatoria 5, 6 y 9, y de la Facultad de Filosofía y Letras, se reunieron ahí para apoyar las demandas del CCH Azcapotzalco.

Desde meses atrás, estudiantes de ese plantel habían denunciado diferentes irregularidades administrativas que los aquejan: «No hay maestros, no hay salones, pero sí hay corrupción» fue una de las consignas escuchadas ese día. El 25 de agosto, además, había estallado un paro en contra de la eliminación arbitraria de los murales hechos por estudiantes en las paredes de la escuela en recuerdo a la matanza de Tlatelolco y de la lucha de liberación de los zapatistas. A sus demandas también se sumaron estudiantes del CCH Oriente, que exigían justicia por el feminicidio de su compañera Miranda Mendoza Flores, de 18 años, desaparecida el 20 de agosto y cuyo cuerpo fue encontrado al día siguiente en una carretera del Estado de México, el estado que encabeza la lista de feminicidios de un país feminicida. Ya un día después de iniciado el paro, los estudiantes recibieron un ataque de porros,¹ donde éstos arrojaron desde el exterior de la escuela sus característicos petardos, explosivos de fabricación casera.

El 3 de septiembre, entonces, cuando representantes de sus asambleas leían un pliego petitorio con sus principales demandas, los estudiantes fueron brutalmente atacados por un grupo de más de treinta porros. Entre otras armas, su ataque empleó los ya mencionados petardos, así como piedras, cocteles Molotov, palos y cuchillos, resultando varios estudiantes heridos entre los cuales se puso en riesgo la vida de Emilio Aguilar Sánchez, estudiante de la Preparatoria 6 que fue herido en la arteria hipogástrica, o la de Joel Meza García, estudiante de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras, a quien perforaron en el riñón derecho y le provocaron fracturas en la nariz y un traumatismo craneoencefálico.

El despliegue de fuerza, sospechosamente desmedida, generó el efecto que suele tener el poder cuando se muestra en su mera eficacia: un terror difuso que capturó e hizo palanca sobre los comportamientos de los individuos aterrados, quienes inmediatamente demandaron protección al aparato mismo que puso en marcha el terror. Y, a pesar de que los estudios históricos del porrismo desembocaron una vez más en su desvergonzada instrumentalización por parte de partidos políticos o autoridades universitarias, la UNAM como «institución honorable» volvió a salir ilesa e invicta.

No es necesaria una mente conspiracionista para entender la verdadera conspiración que porros, Auxilio UNAM y autoridades «de arriba» —como designó un trabajador de Auxilio UNAM a las personas que le ordenaron no intervenir durante el ataque porril— concertaron ese día: lo que tuvo lugar el 3 de septiembre fue simple y llanamente una coordinación entre las fuerzas institucionales y legales de la UNAM con aquellas otras que podríamos llamar extraoficiales y de carácter más bien anómico — los porros.

Las irregularidades en este ataque —inexplicables para quienes respetan a la institución sobre cualquier otra cosa— fueron desde el acceso del autobús que transportó al grupo de porros a un estacionamiento de uso restringido del Estadio Universitario hasta la presencia de Jesús Teófilo Licona, alias «El Cobra», ahora excoordinador operativo de Vigilancia UNAM, quien fue grabado mientras coordinaba el ataque y daba palmaditas en las espaldas a los porros para imprimirles entusiasmo.

La suma de tantas irregularidades en el transcurso de pocas horas nos muestra, en realidad, un reverso que se trata a toda costa de ocultar: el funcionamiento perfectamente coordinado entre los mecanismos institucionales de la UNAM con sus grupos armados irregulares. Se trata de algo que cualquier estudiante de CCH, viviéndolo cotidianamente, puede confirmar, al contrario de la complacencia aspiracionista de «los universitarios», quienes en asambleas no han podido hasta ahora sino continuar formulando el mismo discurso securitario que el ataque se proponía producir. En efecto, entre las propuestas discutidas más irrisorias se encuentran permitir de una buena vez el acceso de la policía oficial² a la universidad (cuya presencia es problemática desde que se formalizó la «autonomía» de las decisiones administrativas internas de la UNAM, luego de un decreto presidencial en 1929) o conformar un nuevo cuerpo de Auxilio UNAM (la única forma de vigilancia que está oficialmente presente en las instalaciones universitarias, cuya posesión de armas no está autorizada) que habría de integrarse por los propios estudiantes y profesores, a fin de que sus prácticas se «democraticen».

Al contrario de lo que aseveran muchos de los que reivindican la identidad vacía de «universitarios», los porros no estuvieron ahí para «sembrar el desorden», sino para gestionarlo. Buscaban someter a los manifestantes del CCH Azcapotzalco, quienes estaban ahí para poner en cuestión el estatus de miseria institucionalizada bajo el que se encuentran sumergidos por las autoridades universitarias. En este sentido es preciso tomar al pie de la letra aquella definición que un porro dio de su función al interior de la UNAM: antes que un grupo de choque, son una «resistencia estudiantil».³ El porrismo como resistencia estudiantil, por y para la UNAM, es aquello que en cada ocasión permite que ocurra una reconfiguración de la gobernanza universitaria, sobre todo en tiempos de crisis. Es todo aquello que impide que los estudiantes dejen de ser simplemente sujetos matriculados en una institución, y que conspiren más allá de una identidad esterilizada que los reagrupa en torno al partido de la Universidad.

El porrismo es, por tanto, únicamente un caso ejemplar que revela una de las facetas de las que ninguna institución —en cuanto sistemas de normas cuyo objetivo es gobernar las conductas de una población— puede prescindir para aplicarse sin asperezas sobre lo real: un brazo armado irregular que haga valer en una parcela del mundo su plano de gobernabilidad. Señalar que el terror es ya una forma de gobierno normalizada en México es medir sólo psicológicamente los efectos que diversas partes de la población han experimentado y experimentan en carne viva frente a narcotraficantes, paramilitares y todos aquellos «grupos de choque» a los que el Estado mexicano delega el trabajo sucio que sus fuerzas oficiales no podrían hacer (siempre) sin que su legitimidad se desmorone.

De ahí pues que la estrategia, tanto en la UNAM como fuera de ella, sea repartir en esferas espacial, temporal y discursivamente separadas estas facetas de su funcionamiento («El porrismo es la antiuniversidad», según enunció recientemente un ex-rector), que se cristaliza en las subjetividades con divisiones nebulosas entre estudiantes y no-estudiantes, ciudadanos y no-ciudadanos, legal e ilegal. Cuando militares o policías cometen masacres sobre civiles, el funcionamiento soberano pierde por momentos esta legitimidad y se lleva a la luz tanto la brecha insalvable entre gobierno y población como la soldadura imposible entre norma y realidad: Acteal 1997, Atenco 2006, Iguala 2014, sólo por nombrar los últimos veinte años. En realidad, así como la fosa común sirve de paradigma para comprender el capitalismo (bio o necropolítico) en México, lo que sucedió a los 43 estudiantes de Ayotzinapa debe ser comprendido no como una excepción, sino como la regla misma para quienes pueblan este país.

Los elementos anómicos al servicio del poder son, entonces, aquellos de los que éste no podría prescindir para poner en marcha sus estrategias. En el caso de la UNAM, la razón de ser de los porros es, precisamente, restaurar el orden institucional cuando ni su impotente órgano de Auxilio UNAM ni la ilusión de una «comunidad universitaria» pueden ya lograrlo. La propuesta de permitir el acceso en la UNAM a las fuerzas directas del Estado, en lugar de a sus porros infames, se traduce así sencillamente como una demanda de oficialización de los diferentes grupos de choque que se encuentran al interior de la UNAM: sustitución de aquellas manifestaciones extraoficiales, cuyo uso de la violencia no está canalizado jurídicamente, por otras clara y distintamente oficiales.

Porque la diferencia entre la acción del porro y la del policía no es, fenoménicamente, ninguna. Sólo es distinta en su jurisdicción. Por eso la consigna que ambos portan es «defender la sociedad» actuando, en los hechos, como soberanos.

Dar un salto más allá del marco estudiantil o universitario no sólo es necesario, sino deseable para formular un análisis más consecuente de la realidad que nos hace frente. Recientemente, un politólogo de la UNAM comentaba que esta universidad sería una especie de «termómetro» de la situación política general de México. La trampa de ese diagnóstico es que formula, implícita e ingenuamente, una solución securitaria para la UNAM, cuyo ordenamiento policiaco repercutiría por arte de magia en el país entero. Por lo demás, el «porrismo» funciona efectivamente en el microcosmos de la UNAM como «el narcotráfico» y los grupos paramilitares en el macrocosmos mexicano, donde «guerra contra el narcotráfico» es el nombre que se da a la guerra civil que emprende este Estado, coludido con mineras, cárteles de droga, multinacionales u otros Estados, contra aquellos elementos que se le escapan o que más podrían ser valorizados en términos de «recursos». Sirvan de ejemplo las sangrientas estrategias de despojo que el capitalismo practica continuamente en el territorio «mexicano».

Puesto que la situación es mucho más compleja que unos problemas internos en el nicho de la UNAM, debemos advertir que el porrismo es apenas una de las múltiples bifurcaciones de lo que una «política universitaria» opera en el país. Omitiendo la historia de sus orígenes coloniales o su proceso moderno, positivista y liberal de creación, durante prácticamente todo el siglo XX la UNAM fue centro de formación, producto y laboratorio del priismo y, por consiguiente, de todos los grupos que aspiraron al poder en México. La historia política de la UNAM corre paralela a la de las cúpulas políticas de dirección del país. Sin embargo, eso no significa, como se ha dicho, que el ataque del 3 de septiembre haya supuesto una forma de poner en jaque la «transición de terciopelo» entre el gobierno entrante y el saliente, una tesis que cae necesariamente en la trampa de la «estabilidad».

Más que un termómetro, la UNAM puede servir como un observatorio para entender aquellos procesos a los que los liberales —de derecha y de izquierda— siguen llamando «democratización» del país. En realidad, se trata de una pacificación forzada, que se reflejó históricamente en la UNAM en el triunfo fundacional de una primera tecnocracia —gris, burocrática, nacionalista— hasta la toma del poder por la cúpula neoliberal en las últimas décadas —conformada en primer lugar por egresados de las universidades privadas de México—, y que ahora quiere evolucionar en una restauración de la figura del licenciado —egresado de la UNAM, honesto, sencillo, discreto— como figura del nuevo poder nacional. Por eso es que en el último mes se han arraigado en asambleas del «movimiento estudiantil» todos esos oportunismos de trotskistas y otros arribistas, quienes han querido impulsar a golpes de indignación y de pliegos petitorios su deseo de sacar alguna rebanada de una nueva repartición del poder.

La democratización ha sido, al menos desde hace cincuenta años, uno de los terminajos más utilizados en todos esos «movimientos estudiantiles» que ha creado y monopolizado la UNAM. Sin embargo, democratizar designa siempre en la boca de la izquierda, llena de culpa, un eufemismo para demandar su incorporación inmediata en el aparato estatal. No es casualidad, por eso, que la narrativa liberal sobre la «transición democrática» mexicana comience con el movimiento estudiantil de 1968 y culmine con una serie de rupturas y reformas dentro del aparato priista, que renovaron el acceso de la izquierda a los espacios de poder estatal. O que los personajes más ridículos y visibles de la huelga del Consejo Estudiantil Universitario en 1987-1988 sean ahora uno de los grupos con más poder al interior del gobierno electo.

Quizá el único movimiento que ha sido capaz de romper con las formas de la política universitaria —y, con ella, de toda la mediocre historia de la política mexicana, sobre todo aquella metropolitana— ha sido la huelga de 1999-2000. Cualquiera que haya escuchado esas historias —escuchado, puesto que su forma se resiste, incluso, a la sistematización historiográfica— sabe que lo que ahí estuvo en juego, incluso tanto como la lucha por la gratuidad de la educación, fue la transformación de los espacios universitarios en espacios verdaderamente políticos: ocupados colectivamente, desviados de su cauce habitual, abiertos a todo tipo de potenciales más allá de «lo estudiantil».

Su pliego petitorio sería por eso simplemente un suplemento a toda una revuelta que apuntó a la transfiguración material del tiempo, una exigencia vital de mayor alcance que la búsqueda del mejoramiento de las condiciones de vida de los estudiantes o la consigna de «democratización de la UNAM», que sólo apunta a sustituir un poder por otro. Lo que se jugó colectivamente apuntó a una destitución pura de lo existente, algo que sólo puede darse en una experimentación política, aquella que pone en juego formas directas de existencia. Es tal vez este componente destituyente y su desbordamiento del enclenque marco estudiantil lo que ha constituido a la huelga del 99 en el principal objeto de repudio tanto para «los universitarios» como para los porros, cuya secreta complicidad es llevada aquí a la luz.

La respuesta de las autoridades universitarias y del gobierno federal ante aquella huelga salvaje de más de nueve meses sigue siendo el modelo según el cual las autoridades se dedican a neutralizar todos los movimientos estudiantiles que corren el riesgo de volverse peligrosos, es decir, que apuntan a desbordar su marco. Por un lado, la represión abierta y brutal de quienes sostienen materialmente un movimiento y, por el otro, la producción de una imagen de aquello que debe ser la Universidad, sus estudiantes y sus formas: un «espacio educativo de excelencia», constituido por estudiantes esforzados, discretos, profundamente orgullosos de su formación liberal y cuyo ABC ha sido ya recopilado por la grotesca campaña de Valores UNAM.⁴ Este tipo de estudiante será, por cierto, el modelo del funcionario meritocrático durante el siguiente mandato presidencial. Por eso no es casualidad que el rector que se encargó de operar ese modelo luego de la huelga del 99 (para acabar con ella y para liberalizar progresivamente la planta promedio de los estudiantes de la UNAM) será el próximo encargado de vender esa imagen alrededor del mundo: el futuro embajador de México ante la ONU.

Es seguro que el «movimiento estudiantil» de 2012 fue el momento en que cristalizó esa absoluta despolitización de los estudiantes que se venía trabajando desde el final de la huelga del 99. No es casual que el movimiento #YoSoy132 haya comenzado con un video donde estudiantes de una escuela privada de élite mostraban su credencial para identificarse como miembros auténticos, puros o limpios de dicha institución. Que un dispositivo securitario y financiero —en esa escuela, la credencial funciona también como tarjeta de débito— se haya convertido en estandarte de un movimiento estudiantil marcó desde el comienzo el fin de cualquier experimentación política posible en su seno.

Ese mismo mecanismo de identificación con y por la institución es el que opera subterráneamente en todo movimiento estudiantil, un mecanismo que es incluso rastreable como el modelo de adhesión institucional por excelencia, al menos desde el fascismo del siglo XX o ya con el colonialismo para distinguir entre colonos y colonizados. Nadie expresa con mayor plenitud el pathos del «orgullo» que un buen estudiante: su identidad entera está moldeada hasta coincidir perfectamente con la institución, ante la cual se postran en una relación de respeto, obediencia, admiración y deuda. No es raro escucharles decir que «Todo se lo debo a la Universidad» y que, precisamente por eso, pondrían lo que les resta de cuerpo para defenderla.

Fue aquí también donde la consigna de la democratización alcanzó su mayor aparición sin velos: «democraticemos Televisa», es decir, la principal agencia de reproducción de la ideología estatal que la población mexicana devoró a lo largo del siglo XX. En uno de sus momentos más tristes, el movimiento #YoSoy132 propuso ocupar Televisa para «transmitir documentales» a nivel nacional utilizando su tecnología. Si bien, evidentemente, esto nunca ocurrió, en la mera propuesta se recapitula qué significa esta voluntad de democratización de los movimientos constituyentes: por más heterogéneos que se quieran mostrar al Estado, sólo éste posee los medios para lo que demandan. Todo lo que la «creatividad horizontal de la multitud» desea, es el Estado quien se lo dará. Es por eso, dicho sea de paso, que lo constituyente, como ejemplo por excelencia de la paradójica servidumbre voluntaria, gusta tanto de comunicarse con un lenguaje conformado casi exclusivamente de demandas administrativas.

Que la democratización no es aquí más que lucha por la hegemonía, integrarse al comando de los verdugos que dominan y trituran esta sociedad, es lo que debemos leer en las demarcaciones cada vez más groseras que «los universitarios» han querido fijar entre ellos mismos y todo aquello que rechaza integrarse a su proyecto necesariamente clasista y racista, como mínimo. Porque, como todo discurso de la unidad, no puede evitar caer en juicios de pureza y discriminaciones; un buen ejemplo de ello fue la reciente campaña «No es tu amigo, es un narco», donde las autoridades universitarias usaron la silueta de un joven, con claros determinismos sociodarwinistas, para señalar a los «narcomenudistas» como únicos responsables de la violencia en la UNAM.⁵ Lo que más hace entrar en crisis la subjetividad del «universitario» ha sido desde sus orígenes un odio irresistible hacia lo plebeyo.

No es casualidad que «Por mi raza hablará el espíritu» —acuñado por el filonazista católico José Vasconcelos— siga siendo después de casi cien años el principal lema de la UNAM. Desde entonces no hay un mayor momento de exaltación para un estudiante que arrogarse el derecho de señalar a alguien más como un cuerpo externo —y, por tanto, peligroso— a la Universidad. Asimismo, las denuncias liberales en contra de los grupos anarquistas parten precisamente de este pathos xenófobo: existiría una forma precisa de ser estudiante, y la coincidencia de la propia vida con esa forma institucional es la única garantía de que esa vida es propiamente una vida válida, es decir, validada por una institución. Quien se atreva a experimentar o a producir una forma de vida autónoma será convertido automáticamente en disidente, se lo descalificará y, en última instancia, se buscará reducirlo por medio de la fuerza pública.

Una experiencia política muy distinta se vivió durante las agitaciones políticas de 2014, cuando quedó claro que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa recayó en el Narco-Estado mexicano. La visión del enemigo era perfectamente nítida, ya que se lo había trazado con plena claridad en un horizonte propiamente político: «¡Fue el Estado!». Esas jornadas de movilización, además, permitieron que los estudiantes metropolitanos se familiarizaran con las formas de lucha de los compañeros de las Normales rurales. Los bloqueos, el fuego y los sabotajes se experimentaron de un modo más cercano, en todos los sentidos. Entonces era más evidente que quienes señalan ciertas formas de lucha como ilegítimas, vandálicas o incluso porriles, son siempre partidarios de algún paradigma de poder fascistoide de unificación.

Es la primera hora del 2 de octubre de 2018. Ha pasado un mes del ataque porril y cincuenta años de la brutal masacre de Tlatelolco, que puso fin al movimiento del 68. La Torre de Rectoría se convierte en el lienzo de un mezquino espectáculo de luces: sobre su fachada aparece la frase «Nunca más» y una paloma blanca herida por una bayoneta militar, uno de los símbolos más reproducidos de aquel año. Por la mañana, representantes de los poderes constituidos y del gobierno entrante encabezarán la ceremonia oficial —casi una misa— en el Zócalo de la Ciudad de México. Las universidades organizan coloquios, exposiciones y charlas; todos los miembros de la clase política —y todas las pequeñas celebridades liberales— emiten un tuit «en memoria» de las víctimas.

No podría haber una mejor imagen de un «movimiento estudiantil» triunfante, donde su plena incorporación al aparato estatal es avalada por los nuevos poderes y, a través de una extraña liturgia civil, le es retirado definitivamente cualquier gesto político, cualquier expresión de conflicto. Los funcionarios y comentócratas más osados apenas se atreven a decir que «las demandas del 68 siguen vigentes». En su discurso oficial, el rector de la UNAM deja claro cuál es la posición que comparten la institución, los estudiantes, los profesores y los ex-alumnos: «Hay que recuperar la utopía del 68. Su legado no tiene nada que ver con la huelga del 99».

La declaración del rector es tan nítida y transparente que su comprensión se le escapa a buena parte de quienes exigen «no olvidar». Más historiografía y más homenajes son lo último que necesita un suceso así. Lo que exige la situación que nos hace frente, a cincuenta años de Tlatelolco y a dos meses de la transición del poder, es ubicar la escisión política que subyace a la frase del rector.

Por un lado, la fetichización democrática de la memoria, su instrumentalización progresista. El movimiento del 68 ha sido convertido en un momento de pura historia institucional, donde a lo largo de la línea del tiempo se habrían superado las peores atrocidades del pasado. Se trata, dicho sea de paso, de una historiografía estatista que describiría un único continuum homogéneo y vacío: la creciente democratización del país como índice del progreso de la libertad en México. A propósito de los autoritarismos «del pasado» y las contestaciones que les hicieron frente, se utiliza siempre un tono en el fondo sacrificial para describir las masacres ocurridas, como en aquella de tantas reflexiones recientes sobre el movimiento del 68 donde se afirmaba que el 68 fue «un terremoto histórico que cambió para bien la vida política de México», pero por supuesto en ningún momento se mencionan los asesinatos en juego. Los liberales saben que el sistema político mexicano ha alcanzado su madurez cuando la izquierda accede al poder y piden al pueblo —como AMLO hizo en un discurso antes del aniversario en la Plaza de las Tres Culturas— que perdone las culpas lejanas y recientes del ejército mexicano. No hay democracia más perfecta que la sucesión ordenada del poder y del uso legal de la violencia por parte del Estado para gestionar un territorio y una población.

Por el otro, la fuerza que la simple invocación de una huelga como la del 99 puede seguir generando. Porque se trató de una potencia colectiva, que ninguna historia monumental es capaz de recuperar, que nunca se constituirá en un «modelo» de movimiento estudiantil en sus tesis y libros y que, por el contrario, se esforzarán en ridiculizar a fin de conjurar sus acciones de revocación de lo institucional, su reticencia a una unidad en el fondo policiaca y afín a los programas capitalistas del sector educativo. Muchas veces se lo olvida, pero los huelguistas sabían que la firmeza del gobierno y su empeño por terminar con la huelga tenía causas profundas en la firma del Tratado de Libre Comercio, que cinco años atrás dictó la necesidad de crear políticas educativas destinadas a integrar la educación a un mercado neoliberal.

Por la magnitud de esta lucha, el régimen cerró filas para enfrentar una huelga que sí contradecía los intereses del Estado y los capitales privados. Gobierno, partidos patronales, medios de comunicación, Iglesia, empresarios, burocracia sindical, intelectuales y «universitarios» lanzaron una cruzada contra los huelguistas: «secuestraron la UNAM», «saquearon las instalaciones», «vándalos», «fósiles», «sólo buscan comer gratis y emborracharse» (Luis González de Alba, miembro del movimiento estudiantil del 68), «tienen fetos enterrados en los campos de futbol», «son terroristas»… Todavía hoy, el concepto de huelga estudiantil difícilmente es invocado, y se prefieren sustitutos como «paro», «paro activo» o, más recientemente, «paro autogestivo».

El final de la huelga del 99 se dio con un plebiscito que fue impulsado por el rector, recibiendo el apoyo del PRD y un centenar de «personalidades» afines al PRI, dirigentes sindicales y los principales intelectuales progresistas como Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis y el poeta Javier Sicilia. El gobierno avaló así la toma de la UNAM con la entrada de la Policía Federal y la detención de un millar de estudiantes.

El cincuenta aniversario del 68 y la toma de la cúpula estatal por una fracción de la izquierda, aliada con la gran mayoría de la élite tradicional priista —económica y política—, representan un cambio de época en la cual tendremos que aprender a encontrar nuevas armas. Siendo el ápice de la transición democrática, no estamos ya frente a un sistema autoritario «tercermundista» —ese que los intelectuales mexicanos, mantenidos por sus instituciones culturales, intentaron nombrar durante más de sesenta años—, sino frente a una perfecta democracia: una máquina de gobierno bien aceitada que cuenta con un buen grado de cohesión sobre sus gobernados, cohesión que seguirá siendo modelada y asegurada por una serie de órganos tanto jurídicos como extrajurídicos cada vez más sofisticados.

En un momento así, la confusión no nubla la visión sino de quienes hacen del miedo su único horizonte político. Por primera vez en décadas, quienes buscamos construir una vida que no esté mediada por el Estado, por la universidad o por ninguna otra institución nos vemos al fin sin obstáculos en medio de nosotros: no tendremos que desperdiciar nuestra energía compartiendo espacios con estudiantes, demócratas, funcionarios en potencia o profesores universitarios. Ellos estarán, como siempre, del otro lado: identificándose y señalándonos, rogándole al Estado o trabajando para él. Nosotros estaremos del lado de quienes se organizan: de quienes saben que politizar colectivamente nuestras formas de vida o romper un par de vidrios, siempre serán actos en lo inmediato más políticos y alegres que redactar un pliego petitorio.

En el fugaz movimiento de septiembre pasado, también hubo momentos políticos de ese tipo, sobre todo entre las últimas generaciones que no crecieron adormecidas por el militantismo más rancio, aquel mismo que practica una separación profesionalizada entre vida y política y que, una vez terminan sus «años gloriosos» en las asambleas estudiantiles, no saben ya qué hacer con sus vidas ni cómo introducirlas en algún devenir revolucionario. Por eso mismo, no es de extrañar que se trate de posiciones y gestos que fueron descalificados y aborrecidos por quienes asumen la identidad de estudiantes. Así por ejemplo, están las asambleas feministas separatistas, que no buscaron simplemente incorporar su lucha al pliego petitorio sino incrementar cada vez más su potencia colectiva: «No se trata de ser reconocidas por el machismo, sino de acabar con él».

Ha sido precisamente porque el poder actual se ejerce primero que nada sobre las vidas, que las feministas han sido quienes más lúcidamente han llevado al extremo el carácter revolucionario, no de redactar pliegos petitorios, sino de politizar la vida colectiva más allá de cualquier división entre lo público y lo privado. Se trata, por cierto, de una forma de organizarse que viene tejiéndose entre feministas desde las manifestaciones de 2017, cuando invadieron y pusieron en cuestión la constitución misma de la UNAM, cuyo «Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género» se ha mostrado en diversas ocasiones insuficiente o incluso solidario de feminicidios en sus instalaciones, como aquel de Lesvy Berlín Osorio y su escarnio por parte de la Procuraduría General de Justicia.

También podemos pensar en aquellos grupos que ocuparon nuevos espacios al interior de la universidad para organizar talleres de autodefensa, o incluso de twerk. A pesar de las acusaciones que se escucharon —tanto de militantes profesionales como de «buenos estudiantes»— en contra de su «falta de contenidos» o «de relevancia» para el movimiento estudiantil, se trataron sin duda de los momentos con mayor horizonte político en estas jornadas, precisamente porque no se quedaban en la demanda —en cuanto estudiantes dirigidos a las autoridades— de «expulsión de los porros», sino que apuntaban a la experimentación política de la vida cotidiana. En todos los casos se trata de una exigencia de organizarse más allá de los dispositivos que capturan la vida o de los sistemas que la gestionan y la «democratizan». Hacerse ingobernables no es aquí una osadía teórica, sino una realidad sensible que resuena en otros haciendo coincidir una vida con su forma.

Lo cierto es que, frente a la identidad orgullosa y temerosa del universitario —expresión si las hay del neoliberalismo existencial contemporáneo—, cualquier movimiento estudiantil que quisiera insertarse hoy en un horizonte abiertamente revolucionario quizá tendría que comenzar por pensar como primera tarea su propia autoanulación. Porque no basta con destituir al rector de la UNAM, también es necesario destituir la identidad de universitario producida en cada uno por la jerarquía institucional. Lo que más importa en subsiguientes análisis de los movimientos estudiantiles será aferrar esos destellos de un proceso de destitución de la propia identidad. Sólo en el abandono y la revocación del orgullo estudiantill —y de cualquier «política universitaria» y de cualquier encantamiento frente a lo institucional— así como en la exploración constante de nuestros potenciales colectivos, puede trazarse de nuevo un horizonte sin las vocaciones sociales o biológicas que nos asignan permanentemente quienes nos gobiernan.

Así pues, no se trata de repoblar una democracia a partir de una cohesión de nuestras vidas que viene de las formas institucionales, sino de destituir el poder que nos separa de nosotros mismos y lo que podemos hacer. En realidad, lo que necesitamos no es una sociedad más democrática, sino otra cosa que la sociedad, formas diferentes de agregarnos, de entrar en contacto y conspirar, sin filtrarnos a través de los tornasoles de la sociedad o el Estado, de las universidades o los trabajos, de la ciudadanía o la soberanía, del terror o la esperanza y, por supuesto, de todas las identidades asignadas para nuestra captura en los engranajes del poder.