El régimen del terror de Bukele en El Salvador

Editorial de lundimatin: Un salvadoreño exiliado en Aquitania relata para nuestros colegas LaGrappe.info la transformación de su país desde la llegada al poder del presidente «cool y relajado» Nayib Bukele. Encarcelamiento masivo, construcción de megacárceles, promoción de criptomonedas y desmantelamiento de los servicios públicos mediante la inteligencia artificial. Una suerte de nuevo Dubái para América Latina: tecnológico, fascistizante y en guerra contra su propia población.

Nayib Bukele fue elegido presidente de El Salvador el 1 de junio de 2019 y reelegido en febrero de 2024, tras modificar la Constitución mediante diversas maniobras políticas. Antes de llegar a la presidencia, recorrió prácticamente todo el espectro político: militó en la izquierda marxista dentro del FMLN,¹ fue alcalde de la capital, San Salvador, pasó después al centroderecha con el partido GANA² y finalmente fundó su propia organización, presentada como «ni de izquierda ni de derecha»: Nuevas Ideas. Bukele cultiva la imagen de un político «antisistema», cercano a la gente y de apariencia informal —camiseta y gorra en lugar del atuendo tradicional—, enfrentado a la «vieja élite corrupta» surgida del bipartidismo de la posguerra (ARENA/FMLN). Gracias a este discurso populista y a una presencia omnipresente en las redes sociales, especialmente en X, consiguió ganarse la «confianza» de la población y alcanzar niveles de popularidad sin precedentes para un presidente salvadoreño, cercanos al 85 %. Sin embargo, una vez en el poder, quedó claro que su orientación política era marcadamente ultraneoliberal. Entre sus principales iniciativas destacó la adopción de las criptomonedas como segunda moneda nacional junto al dólar estadounidense. Al mismo tiempo, militarizó el espacio público en el marco de su lucha contra las maras y promovió el uso de la inteligencia artificial como sustituto gradual de la atención médica convencional. Bukele se presenta como un dirigente innovador y ajeno a la clase política tradicional que, en nombre de la modernización, convierte a la población salvadoreña en objeto de experimentación en materia de seguridad, finanzas y salud.

Antiguo publicista, Bukele no deja de moldear la opinión pública mediante imágenes espectaculares que evocan el imaginario del cine de acción hollywoodense. ¿Quién no ha visto la fotografía de decenas de mareros sentados en filas, con la cabeza rapada y agachada, rodeados de militares dentro de una prisión? Quizá sea la imagen más emblemática de su Plan de Control Territorial (PCT). Desde comienzos de los años 2000, El Salvador experimentó niveles de violencia extraordinarios. En 2009 registraba setenta y dos homicidios por cada cien mil habitantes; en 2015, el año más sangriento de su historia reciente, la cifra ascendió a 106 homicidios por cada cien mil habitantes, lo que convirtió al país en el más peligroso del mundo. Bukele no fue el primer gobernante en militarizar el espacio público. Sus predecesores, tanto de derecha como de izquierda —Antonio Saca, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén—, aplicaron políticas de «Mano Dura» y «Súper Mano Dura». Más allá de los matices retóricos, todas compartían la misma lógica represiva contra las pandillas y todas fracasaron. En marzo de 2022, tras una nueva ola de violencia atribuida a las maras,³ Bukele decretó un estado de excepción que inicialmente debía durar treinta días. Desde entonces ha sido prorrogado una y otra vez hasta convertirse en una situación permanente. La medida suspendió garantías constitucionales y abrió la puerta a detenciones masivas sin orden judicial⁴ y sin debido proceso. Con el argumento de acelerar las condenas ante el enorme número de detenidos, el Estado instauró un sistema de justicia expeditiva basado en juicios colectivos, sin una verificación rigurosa de las pruebas y sin individualizar las acusaciones. La delación entre vecinos pasó a ser activamente promovida.

En este contexto, la policía y el ejército emprendieron una vasta operación de «limpieza» en los barrios populares considerados más peligrosos. Cientos de jóvenes, en su mayoría hombres tatuados de pies a cabeza y sospechosos de pertenecer a alguna de las principales pandillas —Mara Salvatrucha, Barrio 18 Sureños o Barrio 18 Revolucionarios—, fueron detenidos. Durante la pandemia de covid-19, los numerosos retenes instalados en todo el país sirvieron para vigilar y controlar los desplazamientos de la población. Cada persona debía acreditar su identidad y justificar sus movimientos. Bukele aprovechó la principal preocupación de los salvadoreños —la inseguridad y la violencia cotidiana— para imponer leyes cada vez más autoritarias y consolidar un amplio apoyo tanto dentro como fuera del país.⁵ Entre los encarcelados hay centenares de personas inocentes acusadas de pertenecer a las pandillas. Muchas de ellas siguen sin haber recibido un juicio justo y quizá nunca vuelvan a recuperar la libertad. Una investigación del periódico independiente El Faro reveló que cerca de quinientas personas murieron en prisión debido a negligencias médicas o a las pésimas condiciones sanitarias; sus cuerpos fueron ocultados y enterrados en fosas comunes. Los reclusos con enfermedades crónicas —diabetes, insuficiencia renal, padecimientos cardiovasculares, entre otras— no reciben los tratamientos que necesitan. En numerosos casos, las familias ni siquiera son informadas de la muerte de sus parientes y continúan llevando semanalmente paquetes de alimentos a personas que ya han fallecido.⁶

Bukele justifica el encarcelamiento de inocentes alegando que se trata de «daños colaterales» inevitables dentro de un plan de seguridad excepcional ejecutado en circunstancias excepcionales. El margen de error, sostiene implícitamente, sería un precio aceptable en nombre del bienestar de toda la nación. Al mismo tiempo, consolida su poder a través de X, donde publica decenas de mensajes cada semana para comunicarse directamente con sus seguidores, al estilo de Trump, Bolsonaro o Maduro. El populismo ha adoptado una nueva forma en la llamada «República de los Fans»,⁷ donde el debate público se mide por la cantidad de retuits y «me gusta». En febrero de 2023 inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión más grande de América. Esta megacárcel tiene capacidad para albergar hasta cuarenta mil reclusos. En muchas celdas se hacinan más de cien personas, sin ventanas, sometidas a iluminación artificial permanente, en condiciones higiénicas deplorables, sin acceso al exterior y sin comunicación con sus familias. Hoy El Salvador posee la tasa de encarcelamiento más alta del mundo: cerca del 2 % de sus 6.5 millones de habitantes se encuentra en prisión. Las penas también se han endurecido drásticamente. Incluso menores de doce años acusados de pertenecer a pandillas pueden enfrentarse a condenas equivalentes a cadena perpetua. En los barrios populares, la juventud se ha convertido en un indicio de sospecha permanente. Llevar un tatuaje demasiado visible, vivir cerca de familiares de pandilleros o incluso vender alimentos a miembros de una mara puede bastar para terminar tras las rejas.

La escuela también ha sido militarizada mediante el nombramiento de una militar al frente del Ministerio de Educación: Karla Trigueros. Su consigna es clara: civismo y patriotismo, dentro de una nueva escuela concebida para formar pequeños soldados. El modelo penitenciario de Bukele seduce a dirigentes de derecha de todo el mundo, desde la vecina Honduras hasta el gobierno de Noboa en Ecuador, pasando por la extrema derecha francesa representada por CNews o por figuras como Gérald Darmanin, quien defiende el restablecimiento de colonias penales en los territorios franceses de ultramar.⁸ Otros ven en el CECOT una oportunidad para «deshacerse» de los migrantes presentes en sus territorios. En marzo de 2025, Bukele y Trump firmaron un acuerdo que autorizaba el traslado de doscientos prisioneros venezolanos al CECOT a cambio de aproximadamente veinte mil dólares por cada detenido, recursos que permiten al presidente salvadoreño financiar su modelo carcelario.⁹ Cuatro meses después, cuando esos mismos prisioneros regresaron a Venezuela a cambio de la liberación de una veintena de presos políticos exigida por Estados Unidos, se denunciaron actos de tortura y malos tratos sufridos durante su reclusión. Sin embargo, Bukele tenía un segundo objetivo al aceptar el traslado de los presos venezolanos: conseguir el regreso a territorio salvadoreño de los principales jefes pandilleros actualmente bajo custodia de la justicia estadounidense, para someterlos a su propio macrojuicio a puerta cerrada e impedir que revelaran ante las autoridades de Estados Unidos los detalles de sus vínculos y negociaciones con las pandillas.¹⁰

El CECOT se ha convertido en el nuevo Guantánamo de América Latina, con una diferencia fundamental: fue construido por un presidente latinoamericano para encarcelar a ciudadanos de su propio país, aunque al servicio de intereses estadounidenses. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca marca el resurgimiento de la doctrina Monroe —o «Donroe», como él mismo la ha rebautizado— y de la pretensión de Estados Unidos de ejercer un control directo sobre su «patio trasero» latinoamericano. Trump cuenta hoy con varios aliados en la región que comparten una misma orientación neoliberal —Bukele, Noboa, Kast o Bolsonaro—, cuando no abiertamente libertariana, como Milei. Las convergencias entre estos dirigentes no tardan en manifestarse: masculinismo, oposición al aborto, hostilidad hacia los derechos LGBTQIA+, políticas antimigratorias y reivindicación de un retorno al orden militar. En este panorama, sólo Cuba, el Brasil de Lula y México parecen intentar oponer cierta resistencia a Trump.

Como todo dirigente autoritario, Bukele se apoya en símbolos para consolidar su poder. La megacárcel del CECOT es el primero; el bitcoin, el segundo. El 7 de septiembre de 2021, Bukele adoptó el bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. La medida formaba parte de su voluntad de desafiar el sistema financiero tradicional basado en monedas reguladas por los Estados. Fiel a su estilo, lanzó una vasta campaña publicitaria destinada a convencer a los salvadoreños de que el bitcoin representaba el futuro del país. Para ello recurrió a una palabra del argot salvadoreño, chivo, que significa «genial» o «cool», y bautizó con ella la Chivo Wallet. También instaló cajeros automáticos Chivo en las cercanías de comercios y en el aeropuerto, e incluso ofreció un bono de bienvenida de treinta dólares a todos los ciudadanos que comenzaran a utilizar la criptomoneda.

Todo ello perseguía un doble objetivo: atraer inversión extranjera y reducir la deuda pública prescindiendo del Fondo Monetario Internacional, al que Bukele denunciaba como una «entidad neocolonial». ¿El problema? El proyecto resultó un fracaso rotundo. El acceso a internet sigue siendo profundamente desigual en El Salvador, sobre todo en las zonas rurales, donde muchos pequeños comerciantes carecen incluso de terminales de pago electrónico, por no hablar de sistemas de billeteras digitales para las compras cotidianas. En 2025 el gobierno dio marcha atrás y aceptó las condiciones impuestas por el FMI, que le prohibió adquirir nuevos bitcoins. Las operaciones vinculadas a esta política financiera continúan siendo opacas. Por un lado, el discurso oficial terminó retirándole al bitcoin su condición efectiva de moneda dentro del acuerdo firmado con el Fondo; por otro, continuaron las maniobras favorables a las criptomonedas mediante la creación de dos nuevos bancos especializados en activos digitales. ¿La verdadera razón de este viraje? El enriquecimiento personal del presidente y de su círculo más cercano. La situación recuerda a Donald Trump, para quien las criptomonedas y las fluctuaciones bursátiles se han convertido en instrumentos privilegiados de acumulación patrimonial y de beneficio familiar.

Al igual que Trump y otros dirigentes autoritarios, Bukele hace de la personalización del poder y del culto a la personalidad una estrategia política central, la del «líder amado».¹¹ La ideología pasa a un segundo plano frente a la figura que la encarna, convertida en su mejor propaganda. Así, se habla de trumpismo, bukelismo o mileísmo para referirse a proyectos políticos que parecen confundirse con la persona de sus dirigentes. En El Salvador, el visitante se encuentra rodeado de imágenes de Bukele en cada rincón: tazas, llaveros, camisetas, objetos decorativos y toda clase de recuerdos. Quien abandona el país puede llevarse incluso la certeza de seguir tomando el café de la mañana en compañía del presidente. Los vínculos entre el incremento de su fortuna personal, la riqueza de su entorno familiar y el bitcoin aún están por demostrarse. Sin embargo, resulta llamativo que, desde su llegada al poder, Bukele haya multiplicado sus actividades empresariales. Además de lanzar su propia marca de café, Bean on Fire,¹² se convirtió junto con sus hermanos Karim y Yusef en propietario de tres grandes inmuebles situados en pleno centro histórico de San Salvador, adquiridos por la suma de 1.25 millones de dólares,¹³ sin contar los millones de euros que, según diversas acusaciones, fueron ocultados durante la pandemia de covid-19. El estado de excepción también ha servido para restringir el acceso público a información sensible: los ingresos del Estado, las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y los contratos adjudicados a empresas mediante licitaciones han quedado cada vez más fuera del escrutinio ciudadano.

La maquinaria de corrupción de Bukele también arremete, sin sorpresa, contra las propias instituciones encargadas de combatirla. En 2021 abolió, por ejemplo, la CICIES (Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador), que él mismo había creado en 2019. Hoy se cuentan cerca de un centenar de presos políticos, entre ellos periodistas, defensores de derechos humanos, abogados y exalcaldes; todos habían denunciado, de una u otra forma, las detenciones arbitrarias, las violaciones de derechos humanos o los casos de corrupción dentro del gobierno. Algunos opositores políticos se exiliaron en Nicaragua, como los expresidentes del FMLN Sánchez Cerén y Mauricio Funes,¹⁴ perseguidos por corrupción por el gobierno de Bukele; otros partieron hacia Estados Unidos. La prensa independiente y, en general, el mundo cultural también se encuentran bajo amenaza. Los periodistas de El Faro, el medio independiente más importante de Centroamérica, viven hoy exiliados en Costa Rica o México. Marcela Zamora, la documentalista más reconocida de El Salvador, también se encuentra exiliada en México, donde continúa denunciando al régimen de Bukele.

Sin duda, los dirigentes autoritarios poseen una gran capacidad para moldear la opinión pública a su conveniencia. Bukele convirtió la lucha contra la corrupción en el eje de su campaña de 2019, particularmente mediante un lema que podría parecer cómico si no hubiera calado tan profundamente entre los salvadoreños: «El dinero alcanza cuando nadie roba». Pero el tiempo acabará por pasarle factura a ese cinismo.

Tras el fracaso del bitcoin, la nueva apuesta tecnológica de Bukele se centra en el despliegue de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud. En noviembre de 2025, el gobierno firmó un acuerdo con Google para desarrollar una aplicación de telemedicina llamada DoctorSV, presentada como gratuita, eficiente y accesible para toda la población. Sin embargo, detrás de esa fachada se oculta un sistema de salud en crisis, marcado por severos recortes presupuestales, escasez de medicamentos y equipo médico, así como por la salida de numerosos especialistas del país.¹⁵ El personal médico denuncia que esta política pone en riesgo a los pacientes, en especial a quienes padecen enfermedades crónicas, para quienes ninguna inteligencia artificial puede sustituir los exámenes físicos ni los análisis clínicos. A ello se suman dudas legítimas sobre el rigor y la fiabilidad de los diagnósticos y resultados producidos por estos sistemas. Surge además otro problema: la protección, el acceso y el almacenamiento de datos médicos sensibles. La aplicación DoctorSV solicita acceso al micrófono, la cámara, el GPS y el calendario de los usuarios. Esto resulta especialmente preocupante si se considera el historial del gobierno salvadoreño en el uso de programas de espionaje como Pegasus¹⁶ para vigilar a periodistas y opositores políticos. Bukele también contempla introducir en las escuelas la inteligencia artificial Grok, desarrollada por Elon Musk, y recientemente adquirió equipamiento médico de Tesla para el nuevo hospital Rosales. El Salvador ya no funciona únicamente como un laboratorio para las criptomonedas; se ha convertido también en un laboratorio tecnológico basado en la desregulación y en la transferencia progresiva de los servicios públicos a intermediarios privados.

¿Se ha convertido El Salvador en el nuevo Dubái de América Latina? Un país que exhibe la imagen pulida de un paraíso tecnológico abierto a centros de datos, inversionistas extranjeros e influentes digitales. En 2024, con el propósito de captar la atención internacional y reforzar su imagen de presidente moderno y desenfadado, Bukele organizó un partido amistoso entre el Inter Miami y la selección salvadoreña para conseguir la visita de Messi. Este año fue Shakira quien hizo una escala de cuatro días en El Salvador durante su gira latinoamericana, algo sin precedentes en el país. Nunca se hicieron públicos los detalles de la financiación de estos eventos. Detrás de la imagen de un país seguro y libre de criminalidad, con un horizonte urbano poblado de nuevas torres, hoteles, oficinas y residencias de lujo, se oculta un sistema político autocrático en el que las libertades fundamentales son vulneradas. A la manera del caudillo latinoamericano, figura providencial investida de una autoridad casi absoluta, Bukele busca perpetuarse en el poder a cualquier precio. Cuando la Asamblea Legislativa no se pliega a sus decisiones, interrumpe sus sesiones mediante demostraciones de fuerza militar.¹⁷ En 2021 impulsó la destitución de los magistrados de la Corte Suprema a través de una Asamblea en la que contaba con mayoría absoluta y promovió el nombramiento de jueces más afines a su proyecto político. Después, en 2024, impulsó una nueva interpretación constitucional que dejó sin efecto la prohibición de la reelección presidencial inmediata.¹⁸

Finalmente, desde 2025, una reforma constitucional le permite postularse de manera indefinida. Se trata del retorno de una forma de gobierno abiertamente dictatorial que El Salvador no conocía desde 1979. El propio Bukele llegó a definirse cínicamente en X como «el dictador más cool del mundo». Y, sin embargo, miles de salvadoreños continúan respaldándolo. Es cierto que el país se ha vuelto más seguro y que la vida cotidiana de buena parte de la población ha cambiado de manera radical. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿a qué costo? Parecería que, ante la urgencia de recuperar una vida libre de violencia criminal, amplios sectores de las sociedades latinoamericanas están dispuestos a olvidar las décadas de dictaduras que marcaron los años sesenta, setenta y ochenta. En países donde la violencia ha alcanzado niveles extremos, la elección suele presentarse de manera brutal: entre la supervivencia y la muerte, entre la dictadura y la muerte. Pero tarde o temprano la máscara terminará por caer.