Phil A. Neel / Las mentiras que te dirán

La ciudad congelada se encuentra bajo asedio. En los largos inviernos fríos del corazón del Medio Oeste de Estados Unidos, el aire puede volverse tan gélido que duele respirar. Mercenarios enmascarados, en vehículos sin distintivos, recorren los montículos de nieve, secuestran personas en la calle y las trasladan a centros de detención por periodos indefinidos. Cada uno de esos mercenarios recibe decenas de miles de dólares como «bono de contratación» (hasta 50 mil, y 60 mil en condonación de deuda estudiantil) simplemente por empuñar las armas en nombre del régimen sitiado. Ante una crisis económica en cámara lenta, en la que un auge bursátil surrealista respaldado por el Estado se empareja con una estanflación persistente en la economía cotidiana, el servilismo se convirtió en una de las pocas industrias que registran un crecimiento real. Mientras las calles se congelan en Mineápolis, el índice S&P alcanza máximos históricos. Entre tanto, el crecimiento del empleo del último año fue tan desastroso que, tras publicarse las cifras, el régimen se apresuró a despedir al titular de la Oficina de Estadísticas Laborales y a amenazar a los medios que informaron sobre los datos.¹ Además del descenso del empleo debido al congelamiento de la inmigración, la profundidad de la crisis quedó señalada por la caída continua de la tasa de participación laboral, que fue el mayor lastre individual del crecimiento del empleo en la primera mitad de 2025 (lo que indica que cada vez más personas abandonan por completo la fuerza de trabajo sin ser contabilizadas por las estadísticas de desempleo).² Podemos pensar, entonces, el asedio como una suerte de keynesianismo mercenario, que compensa la falta de empleo en los nuevos sectores de defensa impulsados por inteligencia artificial, foco del enfoque general de saqueo y reestructuración del gobierno.

Desplegados desde ciudades lejanas, esposan a los detenidos y luego los golpean cuando ya no pueden defenderse. Disparan municiones no letales con intención de mutilar. En repetidas ocasiones atropellaron a personas con vehículos. Individuos que simplemente conducían de regreso a casa desde el trabajo vieron sus ventanas destrozadas y fueron arrastrados fuera de sus coches para ser golpeados y detenidos durante horas, a veces días. Ahora disparan munición real. Allanaron el estacionamiento de una secundaria. Sacaron a una madre de su coche, la metieron en una camioneta sin distintivos y se marcharon, dejando a su bebé en un asiento infantil con la puerta abierta a temperaturas bajo cero (por suerte, la multitud lo rescató). Lanzaron gas lacrimógeno y granadas aturdidoras contra un auto lleno de niños, hospitalizándolos a todos, incluido un bebé de seis meses incapaz de respirar.³ En represalia por la respuesta comunitaria, comenzaron también a allanar las casas de ciudadanos, a menudo con direcciones equivocadas. El alcalde dice que no hay nada que hacer. El gobernador convocó a la Guardia Nacional, no para desplegarla contra los mercenarios, por supuesto, sino contra quienes protestan contra ellos. Las autoridades judiciales del país no sólo se negaron a procesar, sino que, en su lugar, recibieron la orden de investigar a las víctimas y a sus familiares. Cada noche, el mundo entero observa videos de cuerpos envueltos en sombras, moviéndose en la oscuridad helada de la ciudad sitiada. En las transmisiones en vivo, la gente grita y llora; los mercenarios lanzan amenazas, disparan sus armas y, cuando enfrentan a una multitud lo bastante grande, se retiran. Los hoteles que los alojan quedan destrozados. Los autos que abandonan son saqueados. En respuesta, el presidente envía más tropas: un rey loco en un cuerpo en descomposición que grita mandatos incoherentes desde su palacio en el pantano. Sale el sol y despertamos con el sabor amargo de nuevas atrocidades por venir.

Hace cinco años, a sólo unas cuantas calles del lugar donde Jonathan Ross, un cobarde, asesinó a Renee Good, un crimen similar detonó el mayor levantamiento popular en más de una generación. Poco después, nos dijeron una serie de mentiras sobre esa rebelión. Nos dijeron que era un «movimiento social no violento», aun cuando la imagen de una comisaría en llamas parpadeaba al fondo. Nos dijeron que, aunque hubo algo de violencia, ésta fue iniciada por agitadores externos, quizá policías, o incluso nacionalistas blancos. Quienesquiera que fueran, no eran miembros de «la comunidad», sino individuos que sólo «buscaban causar problemas». Nos dijeron que el plan siempre fue procesar el asesinato; fue sólo una coincidencia que los cargos se presentaran únicamente después de que casi todas las grandes ciudades del país vieron sus centros saqueados e incendiados. Nos dijeron que volviéramos a casa, que todo había terminado. Nos dijeron que los disturbios eran justo la excusa que Donald Trump necesitaba para declarar la ley marcial y cancelar la próxima elección. Nos dijeron que, si Joe Biden resultaba electo, enderezaría las cosas. Nos dijeron que las deportaciones terminarían y que las políticas de Trump serían revertidas. Que los niños serían liberados de las jaulas. Nos dijeron que debíamos regresar a la política de siempre —que ésa era la única manera de «hacer que las cosas sucedieran»—. En conjunto, estas mentiras conformaron una sola gran falsedad: el levantamiento nunca ocurrió y nunca puede volver a ocurrir.⁴ Pero el espíritu de la historia se mueve de formas extrañas. Lo que está muerto nunca muere del todo. Y volveremos a escuchar, una y otra vez, las mismas mentiras:

 

 

Ésta siempre es la primera mentira, creída sólo por los más trastornados o los más irreflexivos. Incluso para el partidario más férreo del Estado, esta primera mentira se hizo añicos en el momento en que se disparó el primer tiro. Por ello se reconfiguró: «Si no obstruyes a los agentes federales…». Y pronto añadieron los apéndices habituales: «¿Por qué estabas en un disturbio en primer lugar?» (dirigido a quienes viven en el vecindario), «¿Por qué llevabas a tus hijos a una protesta?» (a las familias que recogían a sus hijos de la escuela); «Estos ciudadanos tienen vínculos con grupos radicales de izquierda» (cierto por definición para cualquiera que se oponga a la agencia). Con el tiempo, la letanía de mentiras pronunciadas por cualquier fuerza tiránica tiende a normalizarse según la guía de estilo de la inversión extranjera directa, refinada en el suelo bombardeado de Palestina, que desde hace tiempo sirvió como laboratorio de nuevos horrores. Y, por supuesto, como demostraría incluso una mirada fugaz a la historia, los horrores nunca permanecen confinados a la tierra santa. Cuando el búmeran imperial regresa a la mano que lo lanzó, el proceso siempre comienza con el llamado «elemento criminal». Luego vienen los izquierdistas y los sindicalistas. Después, sus simpatizantes. Y luego cualquier enemigo conveniente. Finalmente, apuntan a los enemigos inherentes de la nación, definidos en términos de sangre y suelo.

Ya ahora, completamente al margen de las protestas, ciudadanos estadounidenses fueron detenidos en redadas y se les negó la validez de los certificados de nacimiento que presentaron. Pueblos originarios fueron retenidos durante días, utilizados, en parte, como palanca para forzar a los gobiernos tribales a abrir sus territorios a la agencia. No es una exageración: en la ciudad sitiada, cualquiera que no parezca lo suficientemente blanco (y blanco de la manera correcta) debe portar prueba de ciudadanía en todo momento, so pena de ser detenido y secuestrado. Éste es, casi palabra por palabra, el escenario que «radicales de izquierda» profetizaron con la creación de agencias como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), tras la aprobación de la Ley Patriota por una coalición bipartidista durante la guerra contra el terrorismo. En ese mismo periodo, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) obtuvo nuevos y amplios poderes. La primera operación interagencial dirigida a «pandillas transnacionales violentas» se inició en 2005 bajo George W. Bush y prefiguró gran parte del lenguaje que aún se utiliza hoy. Pero el nuevo Estado de seguridad fue un esfuerzo conjunto. De hecho, aunque se inició bajo una administración republicana, fueron los demócratas quienes lo desarrollaron como agencias operativas y expandieron enormemente sus facultades.

Tanto el ICE como el DHS se expandieron rápidamente bajo Barack Obama, quien supervisó el mayor aumento de deportaciones y una importante construcción de campos de deportación, levantados en parte mediante un contrato sin licitación por mil millones de dólares con el operador privado de prisiones CoreCivic (entonces Corrections Corporation of America).⁵ De hecho, Jonathan Ross, el agente que asesinó a Good, fue contratado por la agencia en el apogeo de esa ola de deportaciones de la era Obama. En los mismos años se expandieron los centros de datos de la NSA, incluida la ceremonia de colocación de la primera piedra del Centro de Datos de la Iniciativa Integral de Ciberseguridad Nacional en Utah, quizá el núcleo de la infraestructura moderna de vigilancia masiva.⁶ De manera similar, fue la administración Obama la que firmó los primeros acuerdos con Palantir para rastrear el crimen transfronterizo, estableciendo la base de la colaboración ya prolongada de la empresa con el ICE.⁷ Hoy, la compañía fue contratada para construir una aplicación «que llena un mapa con posibles objetivos de deportación, despliega un expediente de cada persona y proporciona un “puntaje de confianza” sobre la dirección actual de la persona…».⁸ Éstos fueron también los años en que las consignas de «abolir el ICE» comenzaron a ganar tracción, junto con los llamados a revertir los programas de vigilancia de la NSA y desmantelar el DHS. Huelga decir que estas demandas fueron desechadas por demócratas y republicanos por igual como simples quejas estridentes de radicales obstinadamente irreales. Ahora enfrentamos precisamente la «realidad» que nos prometieron.

 

 

Esta mentira es el bote salvavidas de los millones que aún se aferran a algún resto de fe en un Estado de derecho otrora próspero que, según cualquier medida razonable, ya se hundió en el mar oscuro y embravecido. Nos dirán que esperemos, que dejemos que el sistema haga su trabajo, como si el orden cívico hundido fuera a resurgir. En realidad, ese orden siempre fue una cortesía temporal, posible sólo gracias a las aguas tranquilas de un orden imperial bien engrasado. Arrojado a la crisis, el decoro del Estado siempre se sacrifica ante el hervor del poder desnudo que subyace. Quienes fundan su fe en ese decoro simplemente no pueden comprender el nuevo mundo en el que se encuentran. Lo que presenciamos, entonces, es el crepúsculo lento y vergonzoso de la ingenuidad política cortés que definió a toda una generación de liberales. Los liberales son, en esencia, una especie de abogados. Quítales su legislación y sus demandas, y quedarán penitentes confundidos, cegados por los horrores que apenas vislumbraron detrás de su fe hecha añicos. En el corto plazo, continuarán como antes, sólo que con mayor fervor. Ante pruebas irrefutables de su realidad política, se aferrarán aún más a las ruinas de su civilidad colapsada, interponiendo demanda tras demanda, escribiendo a sus representantes, yendo de puerta en puerta para suplicar por candidatos mediocres en las elecciones intermedias, como fanáticos llagados que se flagelan en penitencia por la peste.

Ya vimos una corriente interminable de demandas contra casi todos los aspectos del programa trumpista. Al 20 de enero de 2026, existían 253 casos activos que impugnaban las acciones de la administración. Incluso cuando obtienen resoluciones favorables, éstas resultan inaplicables. Por un lado, con el control decisivo de la Suprema Corte y de los nombramientos federales en todas las agencias relevantes, cualquier impugnación legal puede, en última instancia, ser sofocada. Ya la Corte Suprema anuló órdenes de tribunales inferiores en diecisiete ocasiones.⁹ Por otro lado, los poderes ejecutivos pueden movilizarse para anular decisiones judiciales por decreto, ya sea de manera directa (por ejemplo, mediante la proliferación de indultos presidenciales negociados en privado) o persiguiendo los mismos fines por vías distintas. Así, cuando un tribunal inferior declaró ilegal la deportación de Kilmar Ábrego García (y, en un caso raro, la decisión fue confirmada por la Suprema Corte), el gobierno federal buscó después imputarlo con cargos espurios para justificar nuevos intentos de deportación. No obstante, precisamente porque estos casos terminan recorriendo los tribunales y generan, de hecho, cierta fricción administrativa, los liberales conservan una fe casi mágica en que eventualmente podrían triunfar.

Todo esto deja poca esperanza para una respuesta judicial a los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti. Poco después de la muerte de Good, Ross fue evacuado del lugar, que se despejó sin registro de pruebas ni investigación. De manera similar, se prohibió a otras agencias asegurar la escena del asesinato de Pretti. El Departamento de Justicia no persiguió cargos, ni lo hicieron las autoridades municipales o estatales. El régimen sostuvo que Ross y todos sus demás mercenarios gozan de inmunidad absoluta. Repitieron mentiras flagrantes sobre la muerte de Pretti, refutadas de inmediato por numerosos videos. A estas alturas, como ocurre con cualquier asesinato policial, sólo se presentarán cargos si existen movilizaciones masivas de escala e intensidad suficientes. Desfiles pacíficos, aun si son enormes o se disfrazan de «huelga general» (pero no paralizan a un solo gran empleador de la ciudad), no ofrecen una vía para lograrlo. No existe mecanismo imaginable mediante el cual desfiles que representan la protesta para ganar atención política incentiven a alguien en el poder a llevar estos asuntos a juicio. Los ataques contra la propiedad enemiga, los bloqueos duros y la actividad huelguística podrían forzar ese resultado, como ocurrió con los disturbios tras el asesinato de George Floyd años atrás. En este caso, sin embargo, incluso un juicio y una condena podrían anularse fácilmente mediante un indulto presidencial y, si los casos del 6 de enero sirven de indicio, todo apunta a que el poder ejecutivo lo intentaría. El Estado ya no puede ser confiable ni siquiera para ofrecer una imitación de justicia. A los liberales sólo les queda llorar, azotando sus espaldas ampolladas en actos inútiles de penitencia, con la esperanza de recuperar la atención de su dios negligente. Con el tiempo, las llagas revientan y la peste los alcanza como a los demás.

 

 

Tal vez esto sea cierto en algún sentido espiritual: en la mente del político progresista convencido de que, en el fondo de su corazón, el ICE no tiene cabida. Y, sin embargo, si permites que se cometan atrocidades frente a ti y no emprendes ninguna acción sustantiva para detenerlas más allá de un discurso enérgico y quizá una o dos demandas lánguidas, ¿no concedes también en espíritu? Esta mentira se volvió un estribillo común entre los políticos locales. El alcalde lo dijo. El gobernador también. Y, pese a ser claramente «no bienvenido», el ICE se instaló como en casa. Los mercenarios patrullan las calles. Derriban puertas, instruidos por sus superiores de que no necesitan una orden firmada por un juez. La orden es claramente ilegal, pero eso ya no parece importar demasiado.¹⁰ Las únicas fuerzas que se movilizan siquiera remotamente contra esta invasión son personas comunes, que arriesgan encarcelamiento, mutilación y muerte para enfrentar a los hombres armados enviados a llevar a sus vecinos a campos de prisioneros. Redes robustas de defensa comunitaria se tejen por toda la ciudad congelada, arraigadas en la infraestructura establecida precisamente por esos incansables «extremistas de izquierda» que tanto inquietan al régimen. Gracias a estas redes, los mercenarios rara vez se mueven sin ser rastreados, rara vez hacen una parada sin quedar rodeados y rara vez actúan sin ser filmados.

Sin duda, redes de respuesta comunitaria de este tipo figuran entre las formas más importantes de organización de clase que Estados Unidos vio en décadas. Como explica Adrian Wohlleben:

 

 

Y, sin embargo, parece improbable que incluso esta inteligencia infraestructural distribuida e incrustada en el tejido urbano de la vida cotidiana sea suficiente. Aunque es un primer paso necesario, el impulso de la historia a menudo rebasa nuestros esfuerzos. Mantener el paso exige un salto hacia lo desconocido.

 

 

Enfrentamos una realidad sombría: la invasión está aquí, la venerada «resistencia» de la clase política nunca llegó, y el poder desnudo que gobierna el mundo es visible para todos. Los demócratas ya rechazaron, en bloque, los llamados a impulsar la abolición del ICE y, en su lugar, defendieron su fórmula gastada de cámaras corporales y mejor capacitación.¹² Frente a todo esto, ¿cómo puede persistir una mentira tan simple? ¿Cómo podría alguien convencerse legítimamente de que votar —y menos aún en elecciones intermedias— atenuaría el poder del régimen? Con todo, incluso para el exliberal desengañado de su fe en los canales legales, que ahora persigue a agentes del ICE en su Honda Fit, soplando su pequeño silbato y blandiendo su teléfono como escudo —y, pese a lo ridículo de la imagen, arriesgando realmente la vida—, una fe residual en el sistema electoral permanecerá incluso después de que toda creencia en el orden judicial haya sido destruida. Para el liberal, las elecciones son precisamente el medio para corregir los males sistémicos. Ofrecen una vía de retorno a los ámbitos legislativo y ejecutivo desde los cuales parece ejercerse el poder. Así, conquistar el poder legislativo en 2026 y, con suerte, el ejecutivo en 2028, parece un medio razonable para deponer al régimen y reparar sus agravios. Y, sin embargo, incluso para el liberal ahora movilizado, el temor acecha al fondo de la mente: ¿y si esto es, en efecto, una mentira?

La ilusión del «sal y vota» persiste, en parte, porque Estados Unidos derivó por completo hacia lo que Ernst Fraenkel, abogado laboral que vivió el ascenso del nazismo, llamó el «Estado dual», en el que el régimen logra «mantener en funcionamiento una economía capitalista regida por leyes estables —y preservar una normalidad cotidiana para muchos de sus ciudadanos— mientras establece al mismo tiempo un dominio de ilegalidad y violencia estatal», en palabras del académico Aziz Huq. En esta modalidad de doble carril, un «Estado normativo» marcado por un «sistema jurídico ordinario de reglas, procedimientos y precedentes» continúa operando, mientras que, en paralelo, un «Estado de prerrogativa» definido por una «arbitrariedad y violencia ilimitadas sin control de garantías legales» se vuelve la norma en ciertas áreas geográficas o en la gobernanza de grupos demográficos específicos. Para Fraenkel, esta zona «sin ley» no anula de plano a la legal, sino que opera junto a ella, aunque «ambos Estados cohabitan de manera incómoda e inestable», porque «personas o casos pueden ser arrancados del Estado normativo y arrojados al de prerrogativa» por un capricho político. Pero la tendencia es clara: con el tiempo, el Estado dictatorial de prerrogativa distorsiona y deshilacha lentamente los procedimientos legales del Estado normativo, dejando un dominio cada vez más reducido para el derecho ordinario.¹³

Esto es posible, en parte, porque el poder social no opera primordialmente a través del Estado. En su raíz, el poder de las élites sobre las masas de personas es económico. El Estado y toda la clase política que lo dirige son, en última instancia, una emanación de esta forma más fundamental de poder de clase, definida por el control de la riqueza social. Ésta es la clave para comprender el comportamiento aparentemente suicida del régimen: el Estado nunca estuvo destinado a servir como una institución representativa universal que defendiera los derechos de «el pueblo» en abstracto. Siempre fue diseñado para ser, al final, una máquina para negociar entre las élites propietarias y defender sus intereses. En ciertos periodos de prosperidad imperial, los intereses generales de la población se alinean de manera laxa con los de la élite. Pero estos pactos son temporales. Mientras que Fraenkel, nacido y formado dentro de una de estas épocas, ve al Estado de prerrogativa como la excepción, en realidad se acerca más a la norma histórica. El misterio del comportamiento extravagante del régimen se disuelve cuando lo observamos tanto como una lucha faccional entre cuadros existentes de élites —es decir, como un mecanismo de poder y saqueo desplegado por ciertas fracciones del capital contra la población en su conjunto, y potencialmente en detrimento de otras fracciones— como un intento desesperado de esas élites, desafiadas por bloques ascendentes de capital en otros lugares, de trazar un rumbo estratégico que permita la supervivencia de su poder en un futuro geopolítico incierto.

Quizá la tendencia más importante que subyace al surgimiento de un Estado dual dictatorial sea ésta: aun cuando la inflación pulveriza los salarios y los costos de la energía se disparan en la economía cotidiana, el mercado bursátil alcanzó alturas sin precedentes. Como resultado, los quince capitalistas más ricos del país incrementaron su riqueza en casi mil millones de dólares a lo largo de 2025 (de 2.4 billones a 3.2 billones), mientras que los 935 milmillonarios de Estados Unidos controlan ahora, en conjunto, el doble de riqueza (8.1 billones de dólares) que la mitad inferior de la población (170 millones de personas).¹⁴ Y esto no constituye una excepción trumpista. Forma parte, más bien, de una tendencia que se gestó desde la era Obama de principios de la década de 2010 —a su vez reactivando una dinámica iniciada a finales de los noventa con la primera burbuja puntocom, antes de ser interrumpida por su colapso— y que se aceleró hasta niveles inéditos no bajo Trump, sino bajo Biden. En conjunto, el 0.01 % superior de los estadounidenses (alrededor de 16 000 familias de élite) controla hoy cerca del 12 % de la riqueza nacional, tres veces más de lo que controlaba la misma proporción de personas en el apogeo de la Edad Dorada.¹⁵ Pese a las advertencias constantes de que Trump «está hundiendo la economía», la realidad es que la economía funciona perfectamente bien. Ante esta realidad sombría, no debemos imaginar que elegir demócratas en distritos ya manipulados mediante gerrymandering como si fueran un pollo destazado daría lugar a un régimen sustantivamente distinto del actual.

 

 

Aquí llegamos al corazón del asunto. Una vez que la ilusión de la civilidad colapsa y deja al descubierto la fuerza y el fraude del poder como tal, surgen nuevas mentiras para cumplir funciones clásicas de contrainsurgencia. Su propósito es amortiguar la respuesta inmediata al Estado tiránico, ayudarlo en su represión señalando a actores militantes y obstaculizar cualquier preparación para lo que viene. «No les den una excusa», «no muerdan el anzuelo», «no les den lo que quieren», todo ello acompañado de nuevas teorías conspirativas sobre tabiques colocados de antemano y agentes provocadores. Como en 2020, estas mentiras giran en torno a la afirmación de que resistir a la fuerza invasora de mercenarios acabará dando al gobierno una excusa para invocar la Ley de Insurrección e imponer la ley marcial. Esta mentira parece tener coherencia porque el régimen amenazó repetidamente con hacer justo eso. Pero cualquier rastro de lógica se evapora de inmediato. ¿Cómo luciría una «excusa» suficiente y por qué un régimen que no muestra reparo alguno en violar la Constitución, falsificar pruebas y perseguir a sus oponentes necesitaría tal excusa? ¿Por qué no fabricarla sin más? Oficiales federales invadieron una ciudad y agreden y asesinan activamente a civiles: esto ya es una forma de ley marcial, sólo que sin el papeleo. Más importante aún, todo el objetivo de la ley marcial es imponer la quietud. Recompensar preventivamente al régimen con aquello que desea no evita tanto la ley marcial como la vuelve innecesaria. Si la gente se niega a permanecer dócil y el régimen termina por invocar las facultades normativas correspondientes para declarar la ley marcial, ello no será culpa de nadie más que del propio régimen, sin importar el detonante que elija.

Pero también debemos preguntarnos si la ley marcial es siquiera necesaria. Como sugiere el modelo del Estado dual de Fraenkel, no existe un momento único en el que un gobierno electo se vuelve súbitamente autoritario. Más bien, las formas de poder de prerrogativa coexisten con las normativas y expanden progresivamente su ámbito de influencia con el tiempo. El asedio a las ciudades gemelas Mineápolis-Saint Paul constituye una prueba clara de que tal proceso ya se encuentra bien avanzado. Presentar protestas pacíficas contra el poder de prerrogativa no hace nada para detener su avance. Nos encontramos, por tanto, ante una disyuntiva: o no hacemos nada más que protestar y registrar mientras la represión se intensifica lentamente en las sombras, o resistimos abiertamente y obligamos a esa represión a mostrarse a plena luz. La primera opción conlleva menos riesgos inmediatos. Puede justificarse como una pausa estratégica mientras construimos nuestras capacidades. Pero tal afirmación exige entonces señalar dónde se están construyendo dichas capacidades. La resistencia abierta, en cambio, implica riesgos enormes e inmediatos: detenciones masivas, tortura y asesinatos selectivos de activistas, y la apertura de la puerta a un despliegue aún más amplio del poder de prerrogativa contra una porción mayor de la población. La diferencia clave entre ambas radica en que la resistencia abierta al menos conlleva la posibilidad de detonar la movilización masiva necesaria para construir poder popular y derrocar a una élite tiránica, mientras que la petición a través de canales normativos cada vez más estrechos no ofrece tal posibilidad.

La historia demuestra con claridad que intentar aguardar el deslizamiento hacia grados más profundos de tiranía con la esperanza de que el Estado normativo sea restaurado mediante la intervención de sus adherentes restantes (en este caso, políticos demócratas, ciertos republicanos centristas y tecnócratas gubernamentales como Jerome Powell) sólo envalentona aún más a las élites que se benefician del orden de prerrogativa. La pregunta, por tanto, es doble: primero, ¿qué se debe hacer? Segundo, ¿qué se nos hará de cualquier modo? Aquí es donde emerge la cuestión de la guerra civil. La política estadounidense puede entenderse como si existiera siempre en un estado latente de guerra civil. Bajo ciertas condiciones, esa latencia se disipa y el espectro de una guerra civil real se vuelve ampliamente visible. Ya en 2020, este «espectro siempre presente de una segunda guerra civil, más balcanizada», había ingresado en la conciencia pública.¹⁶ La visión de la guerra civil suele acompañar los cambios en el despliegue del poder estatal, en particular como respuesta a sacudidas emancipatorias. Como explica Idris Robinson:

 

 

De hecho, la reestructuración aparentemente suicida del Estado en carriles duales es un medio estándar mediante el cual se inhiben los levantamientos populares y otros conflictos sociales incendiarios, y se restaura el orden existente.

En el pasado, los poderes de prerrogativa se invocaron precisamente para conjurar el espectro de la guerra civil y la revolución. Desde su promulgación en 1807, la Ley de Insurrección fue invocada al menos treinta veces por quince presidentes, de manera formal e informal. De forma similar, la ley marcial se declaró al menos sesenta y ocho veces. Aunque ambas se usaron para contener amenazas de derecha (en particular durante la Reconstrucción y el movimiento por los derechos civiles de la posguerra) o conflictos violentos entre grupos de trabajadores, con mucho los usos más comunes de la fuerza militar federal fueron la supresión de rebeliones de esclavos, huelgas y otros levantamientos. Uno de los primeros despliegues internos importantes del ejército estadounidense fue ordenado por el genocida Andrew Jackson para sofocar la rebelión esclava de Nat Turner en 1831. De igual modo, la Ley de Insurrección fue invocada por Rutherford Hayes para aplastar la Gran Huelga Ferroviaria de 1877; por Warren Harding durante la Batalla de Blair Mountain en 1921 —el mayor levantamiento armado desde la Guerra Civil—; por Lyndon Johnson tras los disturbios que siguieron al asesinato de Martin Luther King Jr. en 1968; y por George H. W. Bush en respuesta al levantamiento de Los Ángeles en 1992.¹⁸ En otras palabras, ni la invocación de la Ley de Insurrección ni la declaración de la ley marcial señalan necesariamente una guerra civil inminente ni siquiera la suspensión del poder normativo.

 

 

A medida que el asedio continúa, se acumulan las atrocidades y las súplicas y protestas de los políticos progresistas demuestran su impotencia, algo terminará por romperse. Cada vez más personas comenzarán a destruir la propiedad del ICE cuando puedan. Cada vez más personas verán la necesidad de paralizar y destruir la infraestructura económica central a través de la cual opera el poder de la élite. Por ejemplo, UnitedHealth Group, con sede en los suburbios de Mineápolis, fue uno de los principales donantes de la campaña de Trump (más de cinco millones de dólares, junto con Elon Musk) y uno de los grandes beneficiarios de las políticas del Proyecto 2025 de Trump.¹⁹ De manera similar, la corporación Target, también con sede en los suburbios de las ciudades gemelas —y conocida por operar una de las mayores bases de datos de reconocimiento facial del mundo, compartiendo esa información con el gobierno— donó un millón de dólares al fondo inaugural de Trump y colaboró activamente con la fuerza de ocupación.²⁰ A medida que la policía y la Guardia Nacional entren en escena para apoyar al ICE, la gente se amotinará. La actividad huelguística se expandirá. Eventualmente, cuando resulte claro que el ICE puede matarte y lo hará sin consecuencias, alguien responderá con fuego. En ese momento surgirá la mentira final, que nos dirá que la revuelta no la iniciaron las personas, sino «agitadores externos», policías encubiertos o incluso supremacistas blancos.

Esta mentira tiene una larga historia, ya bien documentada.²¹ Y, sin embargo, persiste, activamente reproducida por activistas que operan como informantes autoproclamados dentro de cualquier movimiento. Al afirmar que toda acción agresiva contra el enemigo es obra de agentes de la policía secreta, estos informantes de facto persiguen, vigilan y, en ocasiones, detienen a manifestantes para entregarlos a la policía. A menudo, la propia policía fomenta este mito, como durante la Rebelión de George Floyd en 2020, cuando circularon rumores de que la primera ventana rota la había destrozado un policía encubierto o un supremacista blanco y la policía difundió después una declaración jurada fingiendo haberlo identificado como miembro de los Hells Angels, sólo para abandonar discretamente la afirmación poco después: nunca se presentaron cargos, mientras que la evidencia de los registros de arresto mostraba claramente que la mayoría de los detenidos en los disturbios provenían del área inmediata.²² Otros dos casos de 2020 ilustran las consecuencias de difundir tales rumores.

El primero ocurrió en Seattle: después de que la policía abandonó la Comisaría Este de la ciudad, el área fue ocupada por manifestantes. Se desataron debates sobre si la comisaría sería incendiada, como ocurrió en Mineápolis. Muchos afirmaron que cualquier intento en ese sentido sería obra de un agente provocador. Luego, el 12 de junio, un hombre vestido con ropa llamativa decidió intentarlo por su cuenta: amontonó escombros contra un costado del edificio, les prendió fuego y se marchó. Activistas en el lugar apagaron el incendio, mientras otros persiguieron y filmaron al hombre, asegurando que era un agente provocador. Aunque logró escapar, estos activistas-informantes publicaron las imágenes en línea y las promovieron hasta que llegaron a manos de la policía, que las utilizó para identificar a Isaiah Thomas Willoughby como sospechoso. Willoughby se declaró culpable de incendio provocado con agravantes al año siguiente y fue sentenciado a dos años de prisión y a varios años más de libertad condicional. Poco después se reveló que Willoughby no era un agente provocador, sino el compañero de vivienda de Manuel Ellis, un hombre desarmado asesinado por la policía en la vecina Tacoma a principios de ese mismo año.²³

El segundo caso tuvo lugar en Atlanta: después de que Rayshard Brooks fue asesinado por la policía de Atlanta frente a un Wendy’s local, personas del vecindario ocuparon el terreno y posteriormente incendiaron el edificio. Activistas-informantes afirmaron de inmediato que el incendio había sido obra de un agente provocador y rastrearon internet en busca de videos de una mujer blanca supuestamente prendiendo el fuego, los cuales entregaron a la policía. La mujer blanca no era una agente provocadora. Era, en realidad, la novia de Rayshard Brooks y, debido a estos informantes, fue acusada y declarada culpable de incendio provocado con agravantes.²⁴

Esto no significa que policías encubiertos o informantes no se infiltren en las protestas. Existe amplia evidencia documentada de que lo hacen. De igual modo, agentes federales se infiltran en grupos activistas, donde sugieren y ayudan a coordinar acciones altamente ilegales como forma de provocación judicial; esto es algo de lo que hay que cuidarse en asambleas públicas y en espacios cerrados de planeación y preparación. Pero esto no ocurre en medio de una protesta activa. Como puede decirte cualquier veterano de las luchas políticas en Estados Unidos, los encubiertos colocados dentro de las protestas casi siempre tienen la tarea de grabar en secreto, comunicarse con la policía al otro lado y, en ciertos casos, detener a participantes que se preparan para lanzar objetos o portar armas. En otras palabras, los policías encubiertos cumplen en gran medida la misma función que los propios activistas-informantes. El propósito último del mito del agente provocador es, por tanto, lograr que los activistas desempeñen el papel de contrainsurgentes.

 

 

La última mentira sostiene que, incluso si lo intentáramos, no hay forma de responder. Esta es la coartada que ya movilizó el alcalde, quien justificó no movilizar a la policía para obstaculizar o investigar a los mercenarios alegando que el ICE superaría en número y armamento a las fuerzas del orden locales.²⁵ De manera similar, el gobernador sabe que llamar a la Guardia Nacional contra una agencia federal constituiría un acto criminal, que derivaría en la federalización de las tropas estatales, lo cual —si produce cadenas de mando divididas— se considera convencionalmente el escenario más probable para choques entre fuerzas estatales y federales y, con ello, el inicio de una guerra civil, como se explica en un artículo ampliamente difundido que documenta simulaciones de posibles conflictos civiles realizadas por académicos de la Universidad de Pensilvania.²⁶ Y, sin embargo, todos estos relatos fracasan en comprender dos hechos clave. Primero, toman al pie de la letra la supuesta oposición entre «demócratas» y «republicanos» y, con ello, sobreestiman la disposición de los políticos locales —muchos de ellos financiados por los mismos intereses corporativos que respaldan a Trump— a comprometerse con algo que siquiera se acerque a una resistencia significativa frente a una invasión federal. Segundo, asumen que la resistencia debe surgir desde el interior del propio Estado, quizá con el apoyo de instituciones afines como sindicatos y organizaciones sin fines de lucro. Al hacerlo, ignoran por completo el papel de una población movilizada.

La posibilidad de una guerra civil efectiva surge cuando conflictos materiales ya establecidos entre élites coinciden con un malestar popular, permitiendo que este último funcione como vehículo de los primeros. Las guerras civiles pueden escalar hasta convertirse en conflictos revolucionarios cuando su dimensión popular se organiza de manera independiente de esas élites y adopta un carácter partisano; es decir, cuando no busca simplemente una redistribución de bienes o derechos dentro del sistema existente, sino la transformación social de ese sistema mismo, con fines emancipatorios. En este momento, los conflictos entre grupos de élite distan mucho de ser suficientes para alentar una rebelión encabezada por políticos locales. Existe muy poca probabilidad de que el conflicto simulado entre fuerzas estatales y federales llegue a producirse realmente, a menos que sea detonado desde el exterior, esto es, por un estallido de agitación popular desde abajo. Y es precisamente aquí donde fallan las predicciones existentes, al negarse a considerar la posibilidad de un conflicto más generalizado, de alcance social amplio, con fuerzas de ocupación. La realidad que los políticos liberales se esfuerzan desesperadamente por ocultar es que el pueblo supera con creces en número a la fuerza invasora, que el poder de las élites económicas que respaldan a Trump depende del trabajo de la gente común y que, si estas personas se organizan siquiera de manera mínima, poseen la capacidad de derrotar la invasión por cuenta propia.