La danza de la muerte de EDF en el istmo de Tehuantepec

En Francia, las montañas, los valles, las llanuras y los mares están siendo invadidos gradualmente por las turbinas eólicas de EDF. Nuestros horizontes, aquí y en otros lugares, son las aspas de los aerogeneradores que se extienden hasta el infinito, las redes eléctricas de alto voltaje que llevan la energía a quién sabe dónde, y las noches que parpadean en rojo como los malos sueños. Ya sabemos que la introducción de energía renovable para sustituir los combustibles fósiles está estableciendo un mercado mundial de créditos de carbono y, al mismo tiempo, permitiendo al gobierno legitimar la renovación de sus centrales nucleares, al tiempo que destruye los territorios y las diversas formas de vida que los habitan. Quienes luchan contra los parques eólicos y sus megarredes, como el Amassada en Aveyron,¹ han sido testigos de esto desde hace varios años.

Si miramos más allá de esto, vemos que el mapa de los proyectos de energía renovable de EDF Renouvelables se extiende por toda la superficie del planeta. En México, el istmo de Tehuantepec, una de las regiones más ventosas del mundo, ha estado pagando el precio durante los últimos quince años. Allí, las aspas de los aerogeneradores son como las cruces de un inmenso cementerio que contiene a quienes lucharon por defender el uso de su territorio contra la voracidad de los empresarios. El istmo de Tehuantepec es una región de Mesoamérica que se ha distinguido por su resistencia milenaria a la colonización, en particular por la preservación de sus idiomas y sus fiestas, a pesar de las campañas de mestizaje forzoso de los últimos 500 años. A pesar de las multitudes de concesiones mineras que esperan abrir la tierra y las miles de turbinas eólicas entre las que pastan rebaños de vacas desorientadas, la resistencia no se detiene y durará mientras duren los deseos colonialistas de las empresas transnacionales. En 2014, Alessi Dell’Umbría ya nos había enviado ecos de la batalla victoriosa de los pueblos de pescadores contra una empresa de turbinas eólicas en el sur del istmo a través de su documental El viento de la revuelta. Puesto que el ritornelo del capitalismo verde es más actual que nunca, fue apropiado hacer de vuelta el viaje para obtener noticias y entender cómo las luchas continúan en esta región. Especialmente porque una izquierda que se proclama antineoliberal está en el gobierno desde 2018 por primera vez en la historia de México. ¿Cómo puede este mismo gobierno que declara la muerte del neoliberalismo justificar este tipo de proyectos?

En ese contexto de privación, violencia, violaciones, omisiones y complicidad exacerbada, para abrirle paso a los compromisos y convenios, signados a espalda de los pueblos indígenas dueños de las tierras con las empresas neoliberales; el gobierno estatal y federal juntos, ejecutan la danza de la muerte sobre nuestro suelo, mar y cielo.²

Desde 2016, EDF Renouvelables y su filial Eólicas de Oaxaca, intentan imponer su cuarto parque eólico en el istmo de Tehuantepec, esta vez en el municipio de 15 000 habitantes de Unión Hidalgo, o Ranchu Gubiña en la lengua diidxazá del pueblo binnizá (zapoteco). EDF ha estado operando en la región desde 2009, junto con empresas españolas, alemanas y danesas con un total de 28 parques eólicos y alrededor de 2000 aerogeneradores. Si bien la medición de la electricidad producida se anuncia siempre en función del número de personas beneficiadas, la energía producida en el istmo nunca ha sido utilizada para iluminar los hogares de sus habitantes: se vende directamente a grandes empresas como Coca-Cola o el Grupo Bimbo (la principal empresa de alimentos de México).

La empresa francesa ya opera tres parques eólicos con un total de 189 aerogeneradores y una capacidad de 390 MW. El nuevo proyecto, llamado cínicamente Gunaa Sicarú, «la mujer bonita», en referencia al lema de Ranchu Gubiña, «Tierra de las mujeres bonitas», es mucho más ambicioso que los anteriores con una potencia de 342 MW para 62 aerogeneradores. La capacidad de cada turbina ha aumentado considerablemente de 2.5 MW a 4.84 MW para el nuevo proyecto. Este último se extiende sobre el municipio de Unión Hidalgo y La Venta en una superficie total de 4708 ha. Dos proyectos además de éste están a la espera de la autorización de la Comisión Reguladora de Energía. En la región del istmo, el viento a veces sopla tan fuerte que hay que parar los aerogeneradores y los camiones pesados colapsan en la carretera Panamericana. Aun así, aquí, la voracidad y la devastación no tienen límites.

De acuerdo con el calendario de la empresa, se preveía inicialmente que el proyecto estuviera en funcionamiento para junio de 2019. Por ello, desde el año 2017 se está tratando de imponer, a través de la Secretaría de Energía (SENER), la realización de la llamada «consulta indígena previa, libre e informada» para poder completar la fase de información e iniciar los trabajos. Desde entonces, los opositores al proyecto, representados por los comuneros de Unión Hidalgo y otros colectivos, no han dejado de denunciar la falta de condiciones adecuadas para la realización de esta consulta y las reiteradas amenazas a quienes expresaron su rechazo a los profundos daños causados por el terremoto de magnitud 8.2 que asoló la región el 7 de septiembre de 2017.

Esta consulta es inevitablemente una farsa, como señalan las compañeras:

La asamblea de comuneros es la autoridad que posee las tierras comunales, representada legalmente por su comisionado de bienes comunales. Los comuneros deciden el uso de las tierras y resuelven los diversos problemas a los que se enfrentan, como los conflictos sobre los límites de las tierras entre las diferentes comunidades.

Sin embargo, en Juchitán, la edad de oro de la asamblea duró muy poco. En la década de 1970, los conflictos violentos opusieron a los campesinos al régimen corporativista del Partido Revolucionario Institucional (un partido-Estado nacido de la Revolución mexicana en el poder durante 70 años). La violencia alcanzó su punto álgido con la desaparición forzada de Víctor Yodo en 1978, que fue el último comisario de los bienes comunales de Juchitán, y la masacre de niños y campesinos. Estos años de disturbios vieron las tierras de Juchitán desmanteladas. El debilitamiento de las autoridades comunales en los últimos decenios ha dado lugar al establecimiento de escrituras de propiedad a través de oficinas notariales en las tierras de uso comunal, con el apoyo de las administraciones municipales. Este procedimiento es ilegal según el derecho agrario de las comunidades y la resolución presidencial de 1964. Desafortunadamente, poco a poco, a lo largo de los años, la idea de una asamblea que administre el uso de las tierras comunales se ha ido desvaneciendo en la mente de los habitantes. Muy poca gente recuerda el estatuto de estas tierras hoy en día y hay unos 200 comuneros, la mayoría de ellos ancianos. Todo esto aumenta la dificultad y el aislamiento de su tarea de defensa de los bienes comunes. Así, EDF ya tiene todos los contratos de arrendamiento de tierras que ha obtenido de pequeños propietarios a cambio de financiación. Desde hace varios años, empresas como EDF o DEMEX (empresa española propietaria, entre otras cosas, de un parque eólico en terrenos de Unión Hidalgo) compran a la población prometiendo futuros puestos de trabajo en los parques, invirtiendo en la reparación de los espacios públicos u organizando fiestas privadas para los propietarios con todos los gastos pagados con cerveza, botanas y música de su preferencia.

Hace unos meses, la ONG de derechos humanos PRODESC (Proyectos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), que brinda apoyo legal a los opositores del proyecto eólico en Unión Hidalgo, acogió con beneplácito la valiente sentencia de un juez de un tribunal federal a favor de la comunidad indígena de Ranchu Gubiña. Así, la empresa EDF Énergie Nouvelle fue puesta en evidencia por su incumplimiento de la ley francesa sobre el deber de vigilancia votada para las empresas en 2017. La empresa fue acusada de violaciones de los derechos humanos en México por no garantizar que la consulta se realizara en condiciones de seguridad e información adecuada. Lamentablemente, hoy vemos que, a pesar del nuevo hecho de que una consulta es supervisada por un juez federal, sigue teniendo lugar en condiciones de derechos humanos disfrazadas para satisfacer a las instituciones.

Hay reuniones simultáneas en cinco secciones del pueblo de Unión Hidalgo y en lengua zapoteca para que «toda» la población tenga acceso a ellas. Esto permite a la Secretaría de Energía legitimar aún más el proceso de consulta democrática a un nuevo costo, ya que todas las organizaciones gubernamentales responsables de administrar las cuestiones indígenas pueden dar su consentimiento para el cierre de la fase de información y el comienzo de los trabajos. Esto a pesar del hecho evidente de que la mayoría de las personas que asisten a las reuniones o bien son traídas por los grupos de pequeños propietarios, o bien son empleados del municipio y estudiantes de la universidad en materia de energía renovable obligados a asistir bajo amenaza de expulsión. La empresa, que amenaza a los propietarios con la pérdida de beneficios si se cancela el proyecto, los obliga a traer a diez personas cada uno. Pero se ha hecho creer tanto a los habitantes que el asunto de las turbinas eólicas sólo concierne a los propietarios, que los demás habitantes, por miedo o por apatía, sólo viajan a cambio de 250 pesos por reunión. A cambio de este dinero, vienen a hacer una demostración de presencia para abuchear o amenazar a quienes quieran hacer alguna objeción. De este modo, las distintas autoridades presentes en la tribuna pueden apreciar pasivamente las consecuencias del clima que han creado y ver a los propietarios defender ciegamente sus intereses frente a oponentes aislados.

La presentación del proyecto se hace en los términos más largos y técnicos posibles para garantizar su inaudibilidad. Una amiga presente se queja: «El traductor es malo. Y luego siempre hablan de cómo van a explotar el territorio pero nunca de los usos que se van a perder». Los argumentos son ridículos: para mitigar el impacto de la compactación del suelo debido a la construcción de carreteras para la maquinaria, el estudio de impacto ambiental recomienda que las empresas reduzcan la velocidad de sus vehículos en el lugar. O se tranquilizan diciendo que sólo el 2.5 % del área total del proyecto será ocupado por las torres, los megatransformadores eléctricos y las carreteras. ¡La vida de abajo podrá continuar en el respeto de las tradiciones agrícolas, incluso con la contaminación auditiva, la desaparición de las aves, la desaparición de los peces en la laguna debido a las vibraciones causadas por las turbinas en el suelo y su contaminación por el petróleo que gotea por los tubos!

La llegada de empresas extranjeras a la región está generando tensiones extremas entre los pobladores, en particular entre las mafias del sector de la construcción que luchan por obtener permisos de trabajo. El año pasado, seis personas que solicitaron trabajar en un parque eólico en La Venta fueron asesinadas a la entrada del pueblo por un comando armado.⁴ Un líder de un sindicato de trabajadores presente en el momento del tiroteo había sido amenazado unos meses antes con una manta con un mensaje que le instaba a abandonar el pueblo en un plazo de doce horas.

No hace mucho, el 31 de enero de 2020, en Unión Hidalgo, un ingeniero que trabajaba en la reparación de una calle fue asesinado a plena luz del día en medio de la calle.⁵ También surgen conflictos entre las mafias y los propietarios de las tierras arrendadas a los parques eólicos. Estos últimos, sintiéndose engañados por el poco beneficio que reciben por rentar sus tierras, quieren beneficiarse más del trabajo. Además, las empresas prometen trabajo en los parques eólicos, pero es muy poco. En Unión Hidalgo, el actual parque eólico de Piedra Larga, con 152 aerogeneradores, sólo hace contrataciones muy cortas y los trabajadores son enviados a otros estados del país, como Puebla. Hace unos años, un centro tecnológico regional abrió una unidad académica en Unión Hidalgo, en la que el único curso presencial que se ofrecía era el de «ingeniería en energías renovables».⁶ La promesa de trabajo en los parques eólicos para el centenar de estudiantes es, por lo tanto, sólo un sueño, y tendrán que emigrar para encontrar trabajo más al norte, como lamentablemente es el caso de muchos jóvenes istmeños. Estas tensiones se ven exacerbadas en un contexto en el que los habitantes del istmo apenas se están recuperando del terrible terremoto de septiembre de 2017. Las calles todavía están llenas de montones de escombros, algunas casas no se están reconstruyendo y han surgido profundas fracturas debido a la mala gestión de la ayuda financiera y a su apropiación indebida por parte de organizaciones o municipios.

Como nos dicen las compañeras:

En respuesta a las constantes amenazas que reciben los luchadores, las organizaciones de derechos humanos proponen medidas de protección especiales conocidas como «medidas cautelares», aplicadas por la Secretaría de Gobierno a los periodistas y defensores de los derechos humanos en México. En esencia, se trata de un dispositivo de seguridad que incluye la instalación de cámaras de circuito cerrado de televisión, puertas y portones en la casa de la persona amenazada, así como la provisión de un «botón de pánico» de GPS que puede activarse en caso de un ataque. Los policías acuden regularmente al domicilio para firmar un documento que verifica la presencia de la persona e identifica las amenazas que puedan haber recibido. Este tipo de medida, que se asemeja a un control judicial, plantea varios problemas, como el de que la policía esté al tanto de todos los movimientos de las personas protegidas, aunque la policía suele estar a la vanguardia del sistema de corrupción. Pero también hay preocupación por el hecho de que el gobierno tenga un archivo de personas amenazadas. Así como los riesgos de tensión en las luchas por este tratamiento privilegiado. Por último, la ineficacia de este tipo de medidas es obvia: son testigo de esto los recientes asesinatos de miembros del CNI, incluido el del rapero Josué Bernardo Marcial Santos, «Tío Bad», en diciembre de 2019. ¿Qué interés tendría el gobierno en proteger a quienes luchan contra su política, aparte de hacer creer que no hay coludencia con los comandos y otros sicarios que protegen los intereses de las empresas y, por lo tanto, del propio Estado?

La instalación de estos proyectos es incompatible con el respeto de los derechos humanos de los pueblos originarios. La celebración de una consulta que permita crear las condiciones para un verdadero debate es contraria a los objetivos de las empresas. Exigir que se respeten los procedimientos de consulta del artículo 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) puede ahorrar tiempo, pero el riesgo es que cada vez que las empresas adaptan su estrategia para encubrirse ante las órdenes judiciales de las instituciones que defienden los derechos de los pueblos indígenas. En el caso del istmo de Tehuantepec, región clave que separa el sur del norte del continente y que conecta el océano Atlántico con el océano Pacífico, los intereses transnacionales y la corrupción son tan importantes que la defensa de los derechos es una tarea infinita: pase lo que pase, serán anulados o desviados para dar paso a las máquinas. También es una fuente inagotable de trabajo para las ONG especializadas en la defensa de los derechos fundamentales. Y aunque al final de los procedimientos el proyecto se haga realidad, las ONG serán elogiadas por el trabajo que han hecho para asegurar que los derechos humanos sean respetados. Alejandra Ancheita Pagaza, presidenta de la organización PRODESC que acompaña a los comuneros a Unión Hidalgo, es una de las activistas de derechos humanos más premiadas de México. En 2019, la Universidad de París X Nanterre le concedió incluso el Doctorado Honoris Causa, un premio que se concede cada cinco años a personalidades (como fue el caso del Dalai Lama en 1984). El hecho de que el Senado de la República Mexicana reconozca públicamente su papel de defensora de los derechos humanos en 2015 demuestra que esta labor, por muy loable que sea, no impide la voracidad de las multinacionales en su devastación de los territorios indígenas. Entrar en el juego de exigir una consulta real sobre proyectos de esta magnitud puede tener su lógica en términos de respeto de los procedimientos democráticos, pero no permite desplegar una relación de fuerzas para un rechazo categórico del proyecto. La consulta no debe tener lugar.  Aquí, el único derecho que realmente permitiría detener estos proyectos es el derecho agrario del que gozan las comunidades indígenas. Para ello, un abogado redactó un amparo agrario que permitiera hacer valer la autoridad de las tierras de la comunidad agraria de Juchitán, revelando la ilegalidad de los procedimientos de privatización de la tierra a lo largo de los años. El uso de estos recursos por parte de las comunidades es una de las armas más utilizadas y eficaces para detener un proyecto, o al menos para retrasar considerablemente el tiempo del procedimiento. Recientemente, la comunidad de Calakmul (Campeche) ganó un amparo contra el proyecto del Tren Maya,⁸ prohibiendo la realización de obras en su territorio. Las comunidades chontales del estado de Oaxaca también ganaron recientemente un amparo que suspendía las operaciones de una concesión minera canadiense en su territorio.

En la última reunión de consulta, celebrada el 27 de febrero de 2020, la Secretaría de Energía dejó clara su inminente intención de cerrar la fase informativa del proyecto. Su intención es empezar a trabajar en julio de 2020. Ante esta aceleración, los comuneros de Unión Hidalgo decidieron el viernes 6 de marzo de 2020, en una conferencia de prensa en Juchitán, con la Asamblea de los Pueblos del Istmo en Resistencia, «constituir un bloque de comunidades indígenas de pueblos hermanados por el dolor, el abandono, el saqueo y la corrupción sistemática de la clase política del país». Sostienen así:

El sábado 14 de marzo de 2020 se cerró oficialmente la fase informativa del proyecto y se abrió la fase deliberativa en una atmósfera desfavorable. Para los comuneros y habitantes de Unión Hidalgo, opositores al proyecto de EDF Énergie Nouvelle Gunaa Sicarú, todo se decidirá en los próximos tres meses.

El desafío de defender las tierras comunales del istmo de Tehuantepec es tanto más importante cuanto que el actual gobierno de izquierda ya ha anunciado que quiere poner en marcha el faraónico e histórico proyecto de un «Corredor interoceánico», que también llevaba el nombre de «transístmico» antes de su reactivación en 2018. Este proyecto, de casi dos siglos de antigüedad, prevé conectar el golfo de México con el océano Pacífico por «ruta seca»: en este caso, mediante la rehabilitación de la línea de tren que atraviesa el istmo, una de las regiones más estrechas del continente. La idea es aumentar la capacidad de carga del tren, ampliar los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, construir una autopista y un consiguiente conjunto de polos industriales a lo largo de su recorrido. La posición estratégica del istmo de Tehuantepec actúa como un cuello de botella que separa el sur del norte. Ya se ha anunciado que las infraestructuras del Corredor interoceánico servirán de «muro de contención» para controlar y gestionar la progresión de las olas migratorias de América Central a Estados Unidos, echando una mano fuerte al muro del Trump. Según el presidente Andrés Manuel Obrador: «Ya se hizo la consulta y la gente está a favor del proyecto transístmico, abajo, en los pueblos […] porque la gente sí quiere que haya trabajo y que haya bienestar».¹⁰

A quienes se oponen a los megaproyectos de infraestructura y denuncian las consultas fraudulentas, el presidente responde: «Escuchen, radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores».¹¹

Hizo esta declaración el 8 de febrero de 2019, en relación con los opositores de la central termoeléctrica de Huexca en Cuautla, en el estado de Morelos, durante una de sus famosas mañaneras, sus discursos matutinos en los que «se dirige al pueblo». Fue notablemente en Amilcingo, en el mismo estado de Morelos, donde Samir Flores (también miembro del CNI) luchó contra esta central y fue asesinado el 20 de febrero de 2019, sólo unos días después de la declaración del presidente. Una vez más, en enero de 2020, el presidente acusó a los opositores del proyecto del Tren Maya de actuar como conservadores:

El presidente de izquierda AMLO afirma estar llevando a cabo la Cuarta Transformación mexicana (conocida como la 4T) después de la Independencia, la Reforma y la Revolución. Desde su elección en 2018, ha apoyado ferozmente la imposición de megaproyectos económicos en las regiones indígenas, mientras que simultáneamente declara la muerte del neoliberalismo, como en su anuncio del 17 de marzo de 2019: «Declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal, aparejada esa política con su política económica. Quedan abolidas las dos cosas: el modelo neoliberal y su política económica de pillaje, antipopular y entreguista».¹³

Su estrategia supuestamente popular para imponer la realización de megaproyectos de infraestructura consiste en establecer consultas simuladas a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para demostrar que el pueblo está de acuerdo.

Una de las promesas de campaña del presidente López Obrador fue la de organizar una consulta popular para decidir si el muy controvertido proyecto del aeropuerto de Texcoco (cerca del municipio de San Salvador de Atenco en el Estado de México) se llevaría a cabo o no. Pero en el momento de la consulta en febrero de 2018, se pidió al pueblo que votara a favor del aeropuerto de Texcoco o a favor de… ¡otro aeropuerto! Se trata de un nuevo proyecto (que sustituye al de Texcoco) para construir un segundo aeropuerto para la Ciudad de México, que sería el segundo más grande en construcción después del de Estambul (Turquía).¹⁴ La respuesta dio luz verde a la construcción de un aeropuerto internacional en Santa Lucía, al norte de la Ciudad de México. Lo importante, a través de esta consulta, era mostrar que el gobierno estaba dispuesto a cumplir con la negativa del pueblo, si éste se expresaba en el marco propuesto por el mismo gobierno. Esto ayudó a establecer la legitimidad del proceso de consulta como verdaderamente democrático. Todo esto es clara y obviamente una farsa porque el largamente rechazado aeropuerto de Texcoco ya estaba siendo cuestionado por los científicos debido a la inestabilidad del suelo donde se iba a construir. Y que el gobierno ya estaba apoyando el proyecto de otro aeropuerto para la Ciudad de México con el de Santa Lucía.

Como se indica en la declaración de clausura de la Asamblea Nacional e Internacional «El Istmo es nuestro» organizada por el CNI en septiembre de 2019:

A diferencia de las consultas realizadas por la Secretaría de Energía en el caso de los parques eólicos en los pueblos, las consultas del INPI se realizan a nivel regional, es decir, de una sola vez en una localidad para toda la región.

El proyecto de Corredor interoceánico formaba parte de un gran proyecto de zonas económicas especiales hasta abril de 2019. En el texto mexicano «Habitando la fragmentación» que se publicará en el segundo número de la revista transoceánica Liaisons, leemos lo siguiente:

En apoyo a la industrialización y a la devastación rotunda que este proyecto causará en el istmo de Tehuantepec, el gobierno afirma que está dando una solución a una de las regiones más pobres de México: la creación masiva de empleo. Pero nunca especifica cómo estos benditos trabajos resultarán contraproducentes para las comunidades con la sobreexplotación de los pobladores en la industria hotelera y otros sectores turísticos y de servicios. Además, es muy seguro que estas mismas comunidades no podrán beneficiarse de ninguno de los recursos creados por el desarrollo de la región, como ha sido el caso durante los últimos quince años con la electricidad producida por los parques eólicos. Como dice la lingüista ayuuk (mixe) Yásnaya Aguilar en un artículo publicado en marzo de 2020: «Los discursos de la inclusión evidencian de entrada una relación de poder implicada: quienes hablan de incluir evidencian que tienen el poder de hacerlo. La direccionalidad de la inclusión es elocuente: ¿quién pretende incluir a quién? […] . En otros casos, la intervención del Estado mediante el asistencialismo ha tenido también como efecto la creación y el fortalecimiento de redes clientelares que dificultan ejercer la autonomía y la libre determinación. El Estado crea los problemas por su intervención y su pretensión integracionista, que ha sido un ejercicio etnocida de borramiento amestizador, y pretende solucionar esos problemas con más proyectos que se plantean desde la inclusión».¹⁶

Hoy en día, algunos dicen que empiezan a llegar las ofertas de trabajo. En febrero de 2020, el gobierno federal adjudicó a doce empresas los cinco contratos para la rehabilitación del Tren Transístmico.¹⁷ Muchas concesiones mineras que aún no han sido explotadas están esperando que el proceso de industrialización masiva en el istmo comience sus operaciones. Otros dicen que este viejo proyecto del siglo XIX nunca verá la luz del día. Pero esto sin mencionar la todavía muy fuerte popularidad del presidente AMLO y sus técnicas de compra de las poblaciones a través de becas y programas sociales. Este proyecto, que planea pasar por 80 municipios y 11 culturas indígenas diferentes, puede todavía encontrarse con una fuerte oposición, lo que obviamente no ayudaría al poder establecido. En los próximos meses, los conflictos en el sudeste de México podrían intensificarse.