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Intervención de Giorgio Agamben en el Senado italiano del 7 de octubre de 2021

La decisión del gobierno italiano de ampliar el green pass o pase verde, que a partir del 15 de octubre de 2021 será obligatorio indistintamente para los trabajadores del sector público y privado en Italia, sigue creando polémica. La discusión llegó también al Senado italiano, donde en estos días se están celebrando las «Audiencias en videoconferencia sobre el Proyecto de Ley n. 2394 (Proyecto de Ley 127/21 — ampliación de la certificación verde COVID-19 y refuerzo del sistema de cribado)». El 7 de octubre de 2021, entre otros, Giorgio Agamben fue escuchado por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento. La siguiente es una traducción de su intervención, a partir de la edición revisada y publicada en su columna «Una voce» en el sitio web de la editorial italiana Quodlibet.

 

Me detendré sólo en dos puntos, que me gustaría llamar la atención de los miembros del parlamento que tendrán que votar sobre la conversión del decreto en ley.
El primero es la evidente —subrayo lo de evidente— contradictoriedad del decreto en cuestión. Ustedes saben que el gobierno con un decreto-ley especial, llamado «escudo penal», núm. 44 de 2021,  ahora convertido en ley, se ha eximido de cualquier responsabilidad por los daños causados por las vacunas. Lo grave que pueden ser estos daños se desprende del hecho de que el artículo 3 del decreto menciona explícitamente los art. 589 y 590 del código penal, que se refieren al homicidio culposo y a las lesiones culposas.
Como han señalado juristas acreditados, el Estado no se siente capaz de asumir la responsabilidad de una vacuna que no ha completado la fase de prueba y, sin embargo, al mismo tiempo, intenta obligar a los ciudadanos a vacunarse por cualquier medio, excluyéndolos por otra parte de la vida social y, ahora, con el nuevo decreto que están llamados a votar, incluso privándolos de la posibilidad de trabajar.
¿Es posible imaginar una situación jurídica y moralmente más anormal? ¿Cómo puede el Estado acusar de irresponsabilidad a quienes deciden no vacunarse, cuando es el mismo Estado el que primero declina formalmente toda responsabilidad por las posibles consecuencias graves — recuerden la mención de los artículos 589 y 590 del código penal de la vacuna de la vacuna?
Me gustaría que los miembros del parlamento reflexionaran sobre esta contradicción, que en mi opinión representa una auténtica monstruosidad jurídica.

 

El segundo punto sobre el que me gustaría llamar su atención no se refiere al problema médico de la vacuna, sino al problema político del Greenpass, que no debe confundirse con el primero (en el pasado hemos tomado todo tipo de vacunas, sin estar obligados a mostrar un certificado para cada uno de nuestros movimientos). Científicos y médicos han dicho que el Greenpass no tiene ningún significado médico en sí mismo, sino que sirve para obligar a la gente a vacunarse. Yo creo, por el contrario, que también puede y debe decirse lo contrario, es decir, que la vacuna es en realidad un medio para obligar a la gente a tener un Greenpass, es decir, un dispositivo que permite controlar y rastrear sus movimientos hasta un grado sin precedentes.
Los politólogos saben desde hace tiempo que nuestras sociedades han pasado del modelo que se denominaba «sociedades de disciplina» al de las «sociedades de control», basadas en un control digital prácticamente ilimitado de los comportamientos individuales, que se convierten así cuantificables en un algoritmo. Nos estamos acostumbrando a estos dispositivos de control, pero ¿hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar que este control se amplíe? ¿Es posible que los ciudadanos de una sociedad supuestamente democrática estén en peor situación que ciudadanos de la Unión Soviética bajo Stalin? Ustedes saben que los ciudadanos soviéticos tenían que mostrar una propiska para viajar de un país a otro, pero nosotros también tenemos que hacerlo incluso para ir al cine o a un restaurante, y ahora, aún más grave, para ir a trabajar. ¿Y cómo es posible aceptar que, por primera vez en la historia de Italia, después de las leyes fascistas de 1938 sobre los ciudadanos no arios, se creen ciudadanos de segunda clase, sometidos a restricciones que, desde el punto de vista estrictamente jurídico —subrayo lo de jurídico—, no tienen nada que envidiar a las establecidas en aquellas infaustas leyes?

 

Todo apunta a que estos decretos-ley, que se suceden como si fueran emitidos por una sola persona, deben enmarcarse en un proceso de transformación de las instituciones y los paradigmas de gobierno que es tanto más insidioso cuanto que, como ocurrió con el fascismo, se está llevando a cabo sin alterar el texto de la Constitución. El modelo que queda así progresivamente erosionado y anulado es el de las democracias parlamentarias, con sus derechos y garantías constitucionales, y en su lugar se sustituye por un paradigma de gobierno en el que, en nombre de la bioseguridad y el control, las libertades individuales están destinadas a sufrir crecientes limitaciones.
La concentración exclusiva de la atención en los contagios y la salud impide, de hecho, percibir la Gran Transformación que se está produciendo en la esfera política y darse cuenta de que, como los propios gobiernos no se cansan de recordarnos, la seguridad y la emergencia no son fenómenos transitorios, sino que constituyen la nueva forma de gubernamentalidad.
Desde esta perspectiva, es más urgente que nunca que los miembros del parlamento examinen muy cuidadosamente la transformación en curso, que a la larga está destinada a vaciar al parlamento de sus poderes, reduciéndolo, como está ocurriendo actualmente, a aprobar en nombre de la bioseguridad decretos que emanan de organizaciones y personas que tienen muy poco que ver con el parlamento.

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