Jackie Wang / Contra la inocencia: raza, género y la política de seguridad

Mientras leía el periódico local, me encontré con una historia que me llamó la atención. El artículo trataba sobre un muchacho de 17 años de Baltimore llamado Isaiah Simmons que murió en un centro de menores en 2007, cuando entre cinco y siete consejeros lo asfixiaron mientras lo retenían durante horas. Cuando Simmons no reaccionó, los consejeros arrojaron su cuerpo a la nieve y no pidieron asistencia médica durante más de cuarenta minutos. A finales de marzo de 2012, el caso fue desestimado. Ninguno de los consejeros involucrados en su asesinato fue acusado. Un artículo que encontré en Internet sobre el caso se titulaba «Cargos descartados contra 5 en la muerte de un delincuente adolescente».² Al destacar que fue un delincuente adolescente el que murió, el artículo señala inmediatamente a Simmons como un criminal, señalando a los lectores que su muerte es intrascendente y, por lo tanto, no es digna de condolencia. Todos los comentarios publicados en el artículo eran groseros y despectivos. El sentimiento general fue que su muerte no fue una gran pérdida para la sociedad. Las noticias sobre el caso fueron desechadas apenas registradas.³ No hubo ninguna protesta pública, ninguna llamada a la acción, ninguna discusión sobre los innumerables temas relacionados con la muerte de Simmons: encarcelamiento de jóvenes, racismo, privatización de prisiones y cárceles (murió en un centro privado), negligencia médica, violencia estatal, etc.

Durante semanas después de leer el artículo, consideré estas preguntas: ¿cuál es la diferencia entre Trayvon Martin e Isaiah Simmons? ¿Qué casos impulsan a los activistas a la acción, y cuáles son ignorados? Como consecuencia de los Seis de Jena, Troy Davis, Oscar Grant, Trayvon Martin y otros casos de alto perfil,⁴ he tomado nota de los patrones que estructuran las convocatorias políticas, particularmente la forma en que la inocencia se convierte en una condición previa necesaria para el lanzamiento de campañas políticas antirracistas masivas. Esas campañas se centran a menudo en el enjuiciamiento y el castigo severo de los individuos responsables de actos de violencia racista manifiestos y localizables, de manera que el Estado y el sistema de justicia penal se convierten en aliados y protectores de los oprimidos. Cuando no se establece la «inocencia» de una víctima negra, ésta no se convertirá en un portavoz adecuado de la causa.⁵ Una estructura empática de sentimientos basada en apelaciones a la inocencia ha llegado a la base de la política antirracista contemporánea. En este marco, la empatía sólo puede establecerse cuando una persona cumple los estándares de auténtica victimicidad y pureza moral, lo que requiere que los negros, en palabras de Frank Wilderson, se limpien de una «niggerización». El reconocimiento social, político, cultural y legal sólo se produce cuando se encubre, se neutraliza y se hace inofensiva a una persona. El modelo de activismo «portavoz», que implica el aislamiento de los casos considerados «ejemplares», también tiende a hacer hincapié en el carácter individual y no colectivo de las lesiones racistas. Enmarcar la opresión en función de los actores individuales es una táctica liberal que desmantela las respuestas colectivas a la opresión y desvía la atención de la violencia estructural.

El uso de la «inocencia» como base para abordar la violencia contra los negros es una atracción para el imaginario de los blancos, aunque estos argumentos son ciertamente hechos también por la gente de color. Confiar en este marco vuelve a afianzar una lógica que criminaliza la raza y construye sujetos dóciles. Una política liberal de reconocimiento sólo puede reproducir una esquematización de culpabilidad-inocencia que no se enfrenta al hecho de que existe una asociación a priori de la negritud con la culpa (la criminalidad). Tal vez la asociación sea demasiado generosa, pues hay una mezcla de términos. Como Wilderson señala en «Gramsci’s Black Marx: Whither the Slave in Civil Society?», la respuesta del policía a la pregunta del sujeto negro —¿por qué me disparaste?— obedece a una tautología: «Te disparé porque eres negro; eres negro porque te disparé».⁶ En palabras de Frantz Fanon, la causa es consecuencia.⁷

No sólo se asume que los hombres negros son culpables hasta que se demuestre su inocencia, sino que la propia negritud se considera sinónimo de culpabilidad.⁸ La victimicidad auténtica, la pasividad, la pureza moral y la adopción de una posición blanqueada son necesarias para el reconocimiento a los ojos del Estado. Wilderson, citando a N.W.A., señala que «un negro en pie de guerra» no puede ser un sujeto adecuado de empatía. El deseo de reconocimiento obliga a los sujetos políticos a buscar la alianza con el Estado y a sacrificarse para cumplir con los estándares de la victimicidad. Ésta es también la lógica de los relatos de violación y venganza: sólo después de que una mujer se degrada completamente, el público puede empezar a tolerar su rabia (fuera de las películas y los libros, las mujeres violentas no son toleradas incluso cuando tienen motivos «morales» para luchar, como lo demuestran las altas tasas de mujeres que son encarceladas o condenadas a muerte por asesinar o agredir a sus parejas abusivas).

Aunque a veces es necesario hacer apelaciones de «inocencia» por razones estratégicas —para ganar un caso o para influir en la opinión pública—, estas estrategias se vuelven problemáticas cuando refuerzan un marco que hace inimaginable la política revolucionaria e insurreccional. La abolicionista de prisiones Ruth Wilson Gilmore señala que «aunque salvar a alguien es algo bueno, tratar de afirmar la inocencia como estrategia clave de organización política es hacer la vista gorda al sistema y a su funcionamiento».¹⁰ Para Gilmore, el problema «no consiste en averiguar cómo se determina o se demuestra la inocencia de determinadas personas o de determinadas clases de personas, sino en atacar el sistema general a través del cual procede la criminalización».¹¹ Estas apelaciones a la inocencia también son anacrónicas porque no abordan la transformación y la reorganización de las estrategias racistas en la era post-derechos civiles. Una política de la inocencia sólo es capaz de reconocer ejemplos de actos directos e individualizados de violencia racista y de ocultar el racismo de un liberalismo supuestamente ciego a los colores que opera a nivel estructural. Plantear la cuestión en términos de prejuicios personales alimenta la falacia del racismo como una intención, un sentimiento o un prejuicio personal, aunque ciertamente existe una dimensión psicológica y afectiva del racismo que excede al individuo en la medida en que está moldeado por las normas sociales y las representaciones de los medios de comunicación. El paradigma liberal del racismo, que no tiene en cuenta el color, sumerge a la raza bajo la lógica del «sentido común» del crimen y el castigo.¹² Casos como la ejecución de Troy Davis —en los que los tribunales se someten a escrutinio por prejuicios raciales— también legitiman la violencia estatal al tratar esos casos como excepcionales. La respuesta política al asesinato de Troy Davis no pone en tela de juicio la suposición de que las comunidades necesitan limpiar sus calles acorralando a los delincuentes, ya que se basa en la afirmación de que Davis no es uno de esos temidos delincuentes, sino un hombre negro inocente. La inocencia, sin embargo, es a menudo el código para no amenazar a la sociedad civil blanca. Troy Davis se diferencia de otros hombres negros —los malos— y se diagnostica que el sistema jurídico está infectado de racismo, enmascarando el hecho de que el sistema jurídico es el mecanismo constitutivo a través del cual se lleva a cabo la violencia racial (las deseables apelaciones de última hora al derecho a un juicio «justo» lo revelan, ya que asumen que los juicios pretenden ser justos). Se imagina que el Estado se está desviando de su función prevista de protector de la gente en lugar de ser el principal perpetrador. H. Rap Brown nos recuerda que «Justicia significa: “Sólo-para-nosotros-los-blancos”. No hay reparación de agravios para los negros en este país».¹³

Si bien hay innumerables ejemplos de racismo manifiesto, la muerte social (y física) de los negros se logra principalmente a través de discursos codificados de «criminalidad» y formas mediadas de violencia estatal llevadas a cabo por un aparato carcelario impersonal (una matriz de policía, prisiones, el sistema jurídico, fiscales, juntas de libertad condicional, guardias de prisión, agentes de libertad condicional, etc.). En otras palabras, los incidentes en que un individuo parcial ataca o discrimina a una persona de color pueden identificarse como racismo hacia «personas conscientes», pero el racismo que subyace al encarcelamiento sistemático de los estadounidenses negros bajo el pretexto de la guerra contra las drogas es más difícil de localizar y generalmente permanece invisible porque está confinado espacialmente. Cuando es visible, no logra despertar la simpatía del público, ni siquiera de los líderes negros. Como Loïc Wacquant, un estudioso del Estado carcelario, se pregunta: «¿Qué posibilidades hay de que los estadounidenses blancos se identifiquen con los convictos negros cuando incluso los líderes negros les han dado la espalda?».¹⁴

El abandono de los convictos negros por parte de las organizaciones de derechos civiles se refleja en la historia de estas organizaciones. De 1975 a 1986, la NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color) y la Urban League (Liga Urbana) identificaron el encarcelamiento como un tema central, y el encarcelamiento desproporcionado de estadounidenses negros se entendió como un problema estructural y político. Los portavoces de las organizaciones de derechos civiles relacionaron el encarcelamiento con el confinamiento general de los estadounidenses negros. Los hombres negros encarcelados eran, como señala Wacquant, retratados de manera inclusiva como «hermanos, tíos, vecinos, amigos».¹⁵ Entre 1986 y 1990 hubo un cambio dramático en la retórica y la política oficial de la NAACP y la Urban League que ejemplifica el giro hacia una política de inocencia. A principios de 1990, la NAACP había disuelto su programa de prisiones y dejó de publicar artículos sobre temas de rehabilitación y post-prisión. Mientras tanto, estas organizaciones comenzaron a adoptar la retórica de la responsabilidad individual y una postura firme frente al crimen que alentaba a los negros a colaborar con la policía para sacar las drogas de sus vecindarios, llegando incluso a aprobar sentencias más duras para los menores y los reincidentes.

Los convictos negros, que inicialmente formaban parte del «nosotros» articulado por los grupos de derechos civiles, se convirtieron en «ellos». Wacquant escribe: «Esta [vacilación de abogar por los convictos negros] se ve reforzada por el hecho, señalado hace tiempo por W. E. B. Du Bois, de que la tenue posición de la burguesía negra en la jerarquía social descansa críticamente en su capacidad de distanciarse de sus hermanos rebeldes de clase baja: para compensar la discapacidad simbólica de la negritud, los afroamericanos de clase media deben comunicar por la fuerza a los blancos que “no tienen absolutamente ninguna simpatía ni conexiones conocidas con ningún hombre negro que haya cometido un crimen”».¹⁶ Cuando los líderes negros y los negros de clase media se diferencian de los negros más pobres, alimentan una noción de excepcionalismo negro que se utiliza para desmantelar las luchas antirracistas. Esta clase de negros excepcionales (Barack Obama, Condoleezza Rice, Colin Powell) apoya la imagen de los Estados Unidos como una sociedad post-racial.

La raíz de este cambio en la retórica y la política de las organizaciones de derechos civiles es quizá el temor a afirmar la amalgama entre la negritud y la criminalidad. Sin embargo, al no abogar por los presos, apuntalan y amplían el Estado penal individualizando, despolitizando y descontextualizando la cuestión del «crimen y el castigo» y vilipendiando a los que tienen más probabilidades de ser objeto de la violencia racializada del Estado. Esta desidentificación con los estadounidenses negros pobres y urbanos no se limita a los hombres negros, sino que también afecta a las mujeres negras, que son vilipendiadas a través de la figura de la Reina del Bienestar, retratada como una carga perezosa y sexualmente irresponsable para la sociedad (en particular los estadounidenses blancos trabajadores). El Estado de bienestar y el Estado penal se complementan mutuamente, como se pone de manifiesto en las declaraciones de Bill Clinton de 1998 en las que denuncia a los presos y ex presos que reciben asistencia social o de la Seguridad Social: condena a los ex presos que reciben asistencia social, acusándolos de cometer «fraude y abuso» contra «familias trabajadoras» que «juegan según las reglas».¹⁷ Las mujeres negras son los amortiguadores de la crisis social creada por el Estado penal: el encarcelamiento de los hombres negros aumenta profundamente la carga que recae sobre las mujeres negras, que se ven obligadas a realizar más trabajos asalariados y no asalariados (de cuidado), a criar a sus hijos solas, y que son castigadas por el Estado cuando sus maridos o miembros de la familia son condenados por delitos (por ejemplo, una familia no puede recibir asistencia para la vivienda si alguien del hogar ha sido condenado por un delito de drogas). La reconfiguración del Estado de bienestar bajo la administración Clinton (que impuso reglamentos más estrictos a los beneficiarios de la asistencia social) intensificó aún más la reacción contra las mujeres negras pobres. Desde este punto de vista, el Estado de bienestar es el aparato utilizado para regular a las mujeres negras pobres que no están sujetas a la regulación del Estado penal que se dirige principalmente a los hombres negros, aunque es importante señalar que la feminización de la pobreza y el giro punitivo de la política de delitos no violentos dieron lugar a un aumento del 400 % de la población femenina en las cárceles entre 1980 y finales de la década de 1990.¹⁸ Los patrones racializados de encarcelamiento y el asalto a los pobres urbanos no se consideran una forma de violencia estatal racista porque, a los ojos del público, los convictos (junto con sus familias y asociados) merecen ese trato. La política de la inocencia fomenta directamente esta cultura del vilipendio, incluso cuando es utilizada por las organizaciones de derechos civiles.

El paisaje urbano está organizado en función de una política espacial de seguridad. Los cuerpos que despiertan sentimientos de miedo, asco, rabia, culpa o incluso incomodidad deben hacerse desechables y ser objeto de eliminación para asegurar la sensación de seguridad de los blancos. En otras palabras, el espacio que ocupan los blancos debe ser limpiado. La visibilidad de los cuerpos de los pobres negros (así como de ciertas personas de color que no son negras: personas trans, personas sin hogar, personas con discapacidades, etc.) induce a la ansiedad, por lo que estos cuerpos deben ser contenidos, controlados y eliminados. Las prisiones y los guetos urbanos evitan que los cuerpos pobres negros y morenos contaminen el espacio blanco. Históricamente, las apelaciones a la seguridad sexual de las mujeres han sancionado la expansión de los regímenes policial y carcelario, al tiempo que evocan la imagen racista del hombre negro violador. Con el auge del movimiento de liberación de la mujer en la década de 1970 se produjo un aumento de la conciencia pública sobre la violencia sexual. Manuales y clases de autodefensa, así como marchas y mítines de «Take Back the Night», se extendieron rápidamente por todo el país. En las décadas de 1970 y 1980 se produjo un aumento de las campañas públicas dirigidas a las mujeres de las zonas urbanas, en las que se advertía de los peligros de aparecer solas en los espacios públicos. El escuadrón de violaciones de la ciudad de Nueva York declaró que «las mujeres deben evitar estar solas en cualquier parte de la ciudad, en cualquier momento».²⁰ En The Rational Woman’s Guide to Self-Defense (1975), se les decía a las mujeres, «un poco de paranoia es realmente algo bueno para todas las mujeres».²¹

Al mismo tiempo que el Estado se afirmaba como protector de las mujeres (blancas), los Estados Unidos vieron la expansión masiva de las prisiones y la criminalización de la negritud. Podría argumentarse que el Estado y los medios de comunicación aprovecharon de manera oportunista la energía del movimiento feminista y se apropiaron de la retórica feminista para establecer un Estado penal racializado y, al mismo tiempo, controlar el movimiento de las mujeres (promoviendo la idea de que el espacio público era inherentemente amenazador para las mujeres). Desde este punto de vista, el frenesí de los medios de comunicación sobre la seguridad de las mujeres fue una reacción que buscaba disciplinar a las mujeres, revertir los logros alcanzados por el movimiento feminista y promover la idea de que, como escribió Georgina Hickey, «las mujeres individuales eran en última instancia responsables de lo que les sucedía en el espacio público».²² Sin embargo, en In an Abusive State: How Neoliberalism Appropriated the Feminist Movement Against Sexual Violence, Kristin Bumiller argumenta que el movimiento feminista fue en realidad «un socio en el crecimiento imprevisto de una sociedad criminalizada». Al insistir en «el activismo y el procesamiento de los delitos sexuales agresivos», las feministas contribuyeron a la creación de un modelo de actuación policial y de castigo duro contra los delitos.²³

Independientemente de cómo se evalúe la cuestión de la colaboración de las feministas con el Estado, la alineación del encarcelamiento racializado y la proliferación de campañas que advierten a las mujeres sobre los peligros del violador que acecha no fue una coincidencia. Si la seguridad de las mujeres hubiera sido una preocupación genuina, las campañas «feministas» no se habrían centrado en las violaciones anónimas en los espacios públicos, ya que estadísticamente es más común que una mujer sea violada por alguien que conoce. En cambio, la seguridad de las mujeres proporcionaba un pretexto conveniente para la escalada del Estado penal, que era necesaria para regular y disponer de ciertos excedentes de población. Para Wacquant, este nuevo régimen de control social racializado se hizo necesario tras la crisis de los guetos urbanos (provocada por la pérdida masiva de puestos de trabajo y recursos que acompañó a la desindustrialización) y la amenaza inminente de los movimientos radicales negros.²⁴ Al torrente de levantamientos que tuvo lugar en los guetos negros entre 1963 y 1968, en particular tras el asesinato de Martin Luther King en 1968, siguió una ola de levantamientos en las cárceles (entre ellas Attica, Soledad, San Quentin, e instalaciones en Michigan, Tennessee, Oklahoma, Illinois, West Virginia y Pennsylvania). Estos trastornos fueron más fáciles de contener y de proteger de la vista del público porque estaban ocultos y amortiguados por los muros de la penitenciaría.

La ingeniería y la gestión del espacio urbano también demarca los límites de nuestra imaginación política determinando qué narrativas y experiencias son incluso pensables. La construcción mediática de guetos urbanos y prisiones como «universos alternativos» los marca como zonas de ininteligibilidad, lugares lejanos alejados de la experiencia blanca cotidiana. Las reservas de los nativos americanos son otro ejemplo de zonas «vacías» a las que los blancos sólo pueden acceder a través de la fantasía de las representaciones mediáticas. Lo que sucede en estas zonas de abyección y vulnerabilidad no se registra típicamente en el imaginario blanco. En el caso de que una «injusticia» se registre, tendrá que ser traducida a términos más comprensibles.

Al considerar las respuestas públicas a Oscar Grant y Trayvon Martin, parece significativo que estos asesinatos tuvieron lugar en espacios accesibles al imaginario blanco, lo que permite a los blancos narrar los incidentes en términos que les son familiares. Martin fue asesinado a tiros mientras visitaba a sus familiares en un barrio cerrado; Grant fue asesinado por el oficial de policía Johannes Mehserle en la estación Fruitvale del BART en Oakland. Estos espacios no son «universos alternativos» o zonas vacías que se encuentran fuera de la experiencia y comprensión de la clase media blanca. ¿Hasta qué punto la atención que estos casos han recibido es atribuible a la invasión de la violencia en los espacios que ocupan los blancos? ¿Cómo responde el público a los casos de violencia racial que se producen fuera de las zonas de confort de los blancos? Al describir la espacialización de los asentamientos de colonos, Frantz Fanon escribe sobre «una zona de no ser, una región extraordinariamente estéril y árida», donde «el negro no es un hombre».²⁵ En las regiones donde el negro no es «hombre», no hay ninguna historia que contar. O mejor dicho, no hay sujetos considerados dignos de tener una historia propia.

Cuando un caso de violencia racista tiene lugar en territorio blanco, como en los casos de Trayvon Martin y Oscar Grant, sigue existiendo el problema de la traducción. Sostengo que la política de la inocencia hace comprensible tal violencia sólo si uno es capaz de verse a sí mismo en esa posición. Este marco a menudo requiere el injerto de una narrativa blanca (planteada como la perspectiva neutral y universal) en los incidentes que entran en conflicto con esta narrativa. Me quedé atónita cuando una convocatoria para una marcha de protesta por Trayvon Martin publicada en el sitio web de Occupy Baltimore dijo: «El caso de Trayvon Martin es un símbolo de la guerra contra la juventud en general y la devaluación de los jóvenes en todas partes». (Parece improbable que George Zimmerman pensara «¡tengo que disparar a ese chico porque es joven!»). Ni una mención de raza o antinegritud podía ser encontrada en esta declaración; la raza había sido traducida a la juventud, una condición a la que la gente blanca puede acceder imaginativamente. En la marcha, los oradores declararon que el caso de «Trayvon Martin no es una cuestión de raza. Es un asunto del 99 %». Como afirma Saidiya Hartman en una conversación con Frank Wilderson, «el otro debe ser asimilado, es decir, en este caso, completamente desplazado y borrado».²⁶

A finales de 2011, los disturbios estallaron en todo Londres y el Reino Unido después de que Mark Duggan, un hombre negro, fuera asesinado por la policía. Muchos izquierdistas y liberales fueron incapaces de hacer frente a la expresión de rabia rebelde entre las personas de color, en su mayoría pobres y desempleadas, y se negaron a apoyar un estallido apasionado que consideraban desordenado y delictivo. Incluso los izquierdistas cayeron en la trampa de inculpar al Estado y a los propietarios (incluidos los dueños de pequeñas empresas) como víctimas, mientras criticaban a los amotinados por ser políticamente incoherentes y oportunistas. Slavoj Žižek, por ejemplo, en un artículo cínicamente titulado «Shoplifters of the World Unite» [«Saqueadores del mundo, ¡únanse!»], respondió desestimando los motines como un «arrebato sin sentido». Los izquierdistas bienintencionados que se sintieron obligados a afirmar los motines a menudo lo hicieron imponiendo una narrativa de conciencia y coherencia política a la erupción amorfa, a veces refundiendo a los participantes como «el proletariado» o consumidores insatisfechos cuyos actos de robo y saqueo arrojan luz sobre la ideología capitalista.²⁷ Estos izquierdistas se apresuraron a purgar y rearticular los elementos antisociales y delincuentes de los disturbios en lugar de integrarlos en sus análisis, insistiendo en que el sujeto de los disturbios era, por tomar prestada una frase de Gayatri Chakravorty Spivak, «una conciencia deliberada y soberana».²⁸

Después de los disturbios de 1992 en Los Ángeles,²⁹ veintinueve comentaristas de izquierda —como una forma de destacar la naturaleza política de las acciones de la gente— optaron a menudo por definir el evento como una rebelión en lugar de un motín. Este intento de reformular el discurso público nace de las «buenas intenciones» (el deseo de combatir la imagen que los medios de comunicación conservadores dan de los disturbios como «pura criminalidad»), pero también refleja el impulso de contener, consolidar, apropiarse y dar cabida a los acontecimientos que no se ajustan a los modelos políticos basados en las tradiciones blancas y euroamericanas. Cuando los principales medios de comunicación presentan las perturbaciones sociales como apolíticas, criminales y carentes de sentido, los izquierdistas suelen responder describiéndolas como políticamente razonadas. Aquí, la confluencia de las tendencias políticas y antisociales en un motín o rebelión no son reconocidas ni aceptadas. Ciertamente, algunos de los que participaron en los disturbios de Londres estaban armados con agudos análisis de la violencia estructural y con mensajes explícitamente políticos; los amotinados no eran política o demográficamente homogéneos. Sin embargo, los radicales simpatizantes tienden a privilegiar las voces de quienes están educados y son políticamente astutos, en lugar de escuchar a quienes saben visceralmente que el sistema les ha fallado y actúan sin buscar primero la aprobación moral. Algunos izquierdistas y radicales se mostraron reacios a afirmar los elementos puramente perturbadores, como los expresados por una mujer de Hackney, Londres, que dijo: «No nos estamos reuniendo todos por una causa, estamos haciendo polvo una Foot Locker»;³⁰ o la excitación políticamente «irrazonable» de dos chicas detenidas por la BBC mientras bebían vino saqueado. Cuando se les preguntó qué estaban haciendo, hablaron de la «locura» vertiginosa de todo ello, de la «buena diversión» que estaban teniendo, y dijeron que estaban mostrando a la policía y a los ricos que «podemos hacer lo que queramos».³¹ Traducir los disturbios en términos moralmente aceptables es otra manifestación del llamamiento a la inocencia: los alborotadores, saqueadores, criminales, ladrones y perturbadores no son víctimas propiamente dichas y, por lo tanto, no son actores políticos legítimos. La victimización moralmente ennoblecida se ha convertido en la condición previa necesaria para determinar qué agravios estamos dispuestos a reconocer y autorizar.

Una vez dicho esto, mi reticencia a meter la rabia negra en un marco blanco no es una afirmación de la viabilidad política de una política pura de rechazo. Los anarquistas, ultraizquierdistas, posmarxistas e insurreccionalistas blancos que se adhieren y fetichizan la posición de estar «a favor de nada y en contra de todo» también están ansiosos por apropiarse de eventos como los disturbios de Londres de 2011 para sus propias (no) agendas. Insisten en un análisis centrado en la crisis del capitalismo, que resta importancia a la negritud e ignora las formas de violencia gratuita que no pueden atribuirse únicamente a las fuerzas económicas. Al igual que los discursos liberales contemporáneos, los marcos interpretativos posizquierda y antisociales generan narrativas políticas estructuradas por presupuestos blancos, que delimitan qué preguntas se plantean y qué categorías son las más útiles analíticamente. Por ejemplo, la revista de ultraizquierda francesa Tiqqun explora las formas en que los sujetos están enredados en el poder a través de sus identidades, pero tiende a centrarse en las formas de poder que operan mediante una inversión en la vida (a veces llamada «biopolítica») en lugar de, como escribe Achille Mbembe, «el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir» (a veces llamada «necropolítica»).³² Este marco es decididamente blanco, ya que afirma que el poder no se promulga mediante relaciones directas de fuerza o violencia, y que el capitalismo se reproduce a sí mismo induciéndonos a producirnos a nosotros mismos, a expresar nuestras identidades a través de las elecciones de los consumidores, y a basar nuestra política en la afirmación de nuestras identidades marginales. La académica feminista negra Joy James rechaza esta conceptualización del poder que lo hace productivo y afirmativo de la vida. En respuesta a la afirmación de Foucault de que «el sistema carcelario no rechaza lo inasimilable arrojándolo a un infierno confuso: no tiene exterior. […] Lo economiza todo, incluso lo que sanciona»,³³ James escribe:

Como afirma James, los marcos que ven el poder como puramente generativo y dispersado eclipsan completamente las realidades de la policía, la militarización del sistema carcelario, la aterrorización de la gente de color y la violencia institucional del Estado de bienestar, del Estado penal y de la muerte social de los negros y los morenos. Mientras que las prisiones ciertamente «producen» raza, una configuración generativa de poder que minimiza las relaciones directas de fuerza sólo puede ser teorizada desde una posición de sujeto blanco.

Entre las tendencias ultraizquierdistas, la teoría de la comunización mira notablemente más allá de la relación salarial en su intento de captar la dinámica del capitalismo tardío. Escribiendo sobre el grupo Théorie Communiste (TC), Maya Andrea González señala que «TC se centra en la reproducción de la relación capital-trabajo, más que en la producción de valor. Este cambio de enfoque les permite llevar dentro de su ámbito el conjunto de relaciones que realmente construyen la vida social capitalista más allá de las paredes de la fábrica o la oficina».³⁵ Sin embargo, aunque este replanteamiento puede arrojar luz sobre las relaciones que constituyen la vida social fuera del lugar de trabajo, no arroja luz sobre la muerte social, ya que las relaciones definidas por la muerte social no son reducibles a la relación capital-trabajo.

En lugar de reducir la raza a la clase, el pensador afropesimista Frank Wilderson nos llama la atención sobre la diferencia entre ser explotado bajo el capitalismo (como trabajador) y ser marcado como desechable o superfluo para el capitalismo (como esclavo, como prisionero). Escribe: «La ausencia de subjetividad negra en el centro del discurso radical es sintomática de [una] incapacidad para hacer frente a la posibilidad de que el sujeto generativo del capitalismo, el cuerpo negro de los siglos XV y XVI, y el sujeto generativo que resuelve la crisis de sobreacumulación del capital tardío, el cuerpo negro (encarcelado) de los siglos XX y XXI, no reifique las categorías básicas que estructuran el conflicto dentro de la sociedad civil: las categorías de trabajo y explotación».³⁶ El sociólogo cultural Orlando Patterson insiste igualmente en entender la esclavitud en términos de muerte social más que en términos de trabajo o explotación.³⁷ El trabajo forzoso, según estos pensadores, es indudablemente una parte de la experiencia del esclavo, pero no es lo que define la relación de esclavitud.³⁸ La explotación económica no explica el fenómeno del encarcelamiento racial; un análisis del capitalismo que no aborda la negritud —o que la aborda sólo como un subproducto del capitalismo— es deficiente.

La estrategia discursiva de apelar a la seguridad y la inocencia también se promulga a un nivel micro cuando los radicales blancos manipulan el lenguaje del «espacio seguro» para mantener su poder en los espacios de los activistas. Lo hacen silenciando las críticas de la gente de color bajo la pretensión de que sus críticas los hacen sentir «inseguros».³⁹ Este uso del lenguaje del espacio seguro confluye con la incomodidad y el peligro inminente real. La frase «no me siento seguro» se manipula fácilmente porque enmarca la situación en términos de los sentimientos personales del hablante, lo que dificulta la respuesta crítica (incluso cuando la persona es, digamos, racista) porque perjudicará su sensación de seguridad personal. Las conversaciones suelen detenerse cuando las personas politizan sus sentimientos de incomodidad utilizando un lenguaje de espacio seguro. El ejemplo más llamativo que me viene a la mente es el momento en que una mujer de Occupy Baltimore manipuló el lenguaje feminista para defender a la policía después de que un «ocupante» llamara a la policía por un vagabundo. Cuando la policía llegó al campamento, fue confrontada verbalmente por un grupo de manifestantes. Durante el enfrentamiento, la mujer hizo un esfuerzo por aliviar la situación colocándose entre la policía y los manifestantes, diciendo a los que estaban enojados con los policías que no había justificación para excluir a la policía. En el Baltimore City Paper se le citó diciendo: «Estaban violando, pensé, el espacio de la policía».⁴⁰

La invocación de la seguridad personal hace presión sobre nuestros registros afectivos y emocionales⁴¹ y por lo tanto puede ser manipulada para justificar todo, desde el perfilaje racial hasta la guerra. Cuando la gente usa el lenguaje del espacio seguro para llamar a la gente en los espacios de los activistas, el que esgrime el lenguaje es enmarcado como inocente, y puede incluso amplificar o politizar su presunta inocencia. Después de que la mujer de Occupy Baltimore saliera del armario como superviviente de la violencia y dijera que estaba traumatizada por los gritos que recibió mientras defendía a la policía, muchas personas se mostraron reacias a adoptar una postura crítica ante sus acciones y comentarios abiertamente pro-policía, clasistas y hobofóbicos, que incluían afirmaciones como: «Hay tantos vagabundos borrachos allí abajo —sufriendo de una grave enfermedad de adicción—, ¿qué me importa si están allí o no? Preferiría verlos en tratamiento, eso es seguro, pero donde se desmayen es algo irrelevante para mí».⁴²

Sobrevivir a la violencia de género no hace que el superviviente sea incapaz de perpetuar otras formas de violencia. De igual manera, las personas también pueden movilizar sus experiencias con el racismo, la transfobia o el clasismo para purificarse. Cuando las personas se identifican con su victimización, es importante considerar críticamente si utilizan este gesto como una maniobra táctica para construirse a sí mismas como inocentes y ejercer poder en un espacio social. Ello no significa deslegitimar las afirmaciones de los supervivientes, sino más bien rechazar el marco de la inocencia, examinar cada situación de cerca y ser conscientes de las múltiples luchas de poder que se dan en los diferentes conflictos.

Al otro lado de este debate sobre la seguridad está la crítica radical queer a los modelos de «espacio seguro». En una declaración del Festival Queer de Copenhague titulada «No a los espacios más seguros este año», las personas que organizaron el festival explicaron su decisión de eliminar las pautas de espacio seguro del festival, ofreciendo en su lugar un llamamiento a la «reflexión y la responsabilidad individual».⁴³ Veo este rechazo de las formas colectivas de organización —y la falta de voluntad de pensar más allá del individuo como unidad política fundamental— como parte de un cambio histórico de la liberación queer a la performatividad queer que coincide con el advenimiento del neoliberalismo y la «política» de elección al estilo de «cuidado de uno mismo».⁴⁴ Al reaccionar contra el fracaso del espacio seguro con una sospecha de política articulada/explícita y de todas las formas de colectividad, quienes se muestran desdeñosos ante los intentos de contrarrestar los desequilibrios de poder en un espacio acaban aplanando estas cuestiones y pierden la oportunidad de hacer preguntas críticas sobre la distribución del poder, la vulnerabilidad y la violencia, preguntas sobre cómo y por qué ciertas personas cooptan el lenguaje y la infraestructura que se supone que deben responder a la dinámica opresiva interna.

Por otro lado, como fanoniana, estoy de acuerdo en que eliminar todos los elementos de riesgo y peligro refuerza una política de reformismo que a menudo reproduce el orden social existente. La militancia es socavada por la política de seguridad. Cuando la gente habitualmente bloquea cualquier acción que implique riesgo por el hecho de que los hace sentir inseguros, se hace imposible desarrollar un programa político revolucionario.

Las personas de color que utilizan la teoría del privilegio para argumentar que los blancos tienen el privilegio de participar en acciones arriesgadas, mientras que las personas de color —porque son las más vulnerables (más propensas a ser el blanco de la policía, no tienen los recursos para salir de la cárcel, etc.)— hacen una evaluación correcta de las diferencias de poder entre los actores políticos blancos y no blancos, pero en última instancia borran a las personas de color de la historia de la lucha militante al asociar falsamente la militancia con la blanquitud y el privilegio. Cuando un análisis del privilegio se convierte en un programa político que afirma que los más vulnerables no deben correr riesgos, la única política políticamente correcta se convierte en una política de reformismo y retirada, una política que necesariamente capitula ante el statu quo mientras borra el legado de los grupos de poder negro como los Black Panthers y el Ejército de Liberación Negra.⁴⁵ La militancia no es sólo necesaria desde el punto de vista táctico; su doble objetivo es transformar a las personas y «alterar fundamentalmente» su ser envolviéndolas, eliminando su pasividad y limpiándolas de los «núcleos de desesperación» cristalizados en sus cuerpos.⁴⁶

La política de seguridad prioriza la comodidad personal, lo que a su vez inhibe la acción en grupos o espacios basados en el consenso. Por ejemplo, cuando la gente de Occupy Baltimore se enfrentó a agresores sexuales, fui testigo de cómo una asamblea general se empantanó tanto por el procedimiento de consenso que la única decisión que se tomó sobre los agresores en el espacio fue hacer una presentación de diez minutos sobre espacios más seguros en la siguiente asamblea general. Nadie en el grupo quería prohibir a los agresores de Occupy. (Como dijo Stokely Carmichael: «El liberal tiene miedo de alienar a nadie, y por lo tanto es incapaz de presentar una alternativa clara»).⁴⁷ Dar prioridad a la comodidad personal puede paralizar la energía y el impulso de los cuerpos en movimiento. La política de la inocencia y la política de la seguridad y la comodidad están relacionadas en que ambas estrategias refuerzan la pasividad. La comodidad y la inocencia se producen mutuamente cuando la gente basa su demanda de comodidad en la inocencia de su ubicación o posición del sujeto. Tal vez no hace falta decir que no hay una posición ética innata del sujeto. Aunque soy una mujer de color, mi existencia como persona que vive en los Estados Unidos se basa en la violencia. Como persona no encarcelada, mi «libertad» se entiende sólo a través del cautiverio de personas como mi hermano, que está cumpliendo una sentencia de cuarenta años de prisión. Cuando consideramos la seguridad, a veces no hacemos preguntas críticas sobre la relación co-constitutiva entre la seguridad y la violencia. Necesitamos considerar hasta qué punto la violencia racial es el lado inferior tácito y necesario de la seguridad, en particular la seguridad de los blancos. La seguridad requiere la remoción y la contención de las personas consideradas como amenazas. La sociedad civil blanca tiene una inversión psíquica en el borrado y la abyección de los cuerpos sobre los que proyectan sentimientos hostiles, permitiéndoles la paz mental en medio del estado de violencia perpetua.

La precaria fundación de los Estados Unidos requirió la desaparición de los nativos americanos, lo que se justificó asociando el cuerpo de los nativos con la suciedad. Andrea Smith escribe: «Esta “ausencia” se efectúa a través de la transformación metafórica de los cuerpos nativos en contaminación de la cual el cuerpo colonial debe purificarse constantemente».⁴⁸ El fundamento violento de la libertad y la seguridad de los blancos en los Estados Unidos suele pasar desapercibido para quienes viven en relativa seguridad porque sus vidas están mediadas de maneras que han hecho que esa violencia sea invisible o, cuando es visible, puede considerarse legítima y no se registra como violencia (como la violencia llevada a cabo por la policía y las prisiones). Las conexiones entre nuestras vidas y la atmósfera generalizada de violencia están sumergidas en una compleja red de instituciones, estructuras y relaciones económicas que legalizan, normalizan, legitiman y, sobre todo, están constituidas por esta repetición de la violencia.

Cuando se utiliza la inocencia para seleccionar los sujetos adecuados de identificación empática, también regula la capacidad de las personas para responder a otras formas de violencia como la violación y la agresión sexual. Cuando una mujer es violada, su pasado sexual se utiliza inevitablemente en su contra, y la castidad se utiliza para medir la validez de la reclamación de una mujer. Las mujeres «promiscuas», las trabajadoras del sexo, las mujeres de color, las mujeres sin hogar y las personas adictas a las drogas no se consideran víctimas legítimas de una violación, ya que siempre se pone en duda su carácter moral (siempre se los piden). En el sur de California durante las décadas de 1980 y 1990, los agentes de policía cerraban todas las denuncias de violación y violencia realizadas por trabajadoras del sexo, miembros de pandillas y adictos colocándolas en un archivo con el sello «NHI»: Ningún Humano Involucrado.⁴⁹ Esta práctica policíaca llama la atención sobre el hecho de que la posibilidad de violación también es simultáneamente inviolable en el sentido de que la violación de alguien que no se considera humano no se registra como tal. Sólo pueden ser violadas las personas consideradas «humanas». La violación suele definirse convencionalmente⁵⁰ como «relaciones sexuales» sin «consentimiento», y el consentimiento requiere la participación de sujetos en posesión de una personalidad plena. Los que no se consideran «humanos» no pueden dar su consentimiento. Es decir, no existe una posición reconocida de sujeto desde la que puedan expresar sus deseos.⁵¹ Esto no quiere decir que los cuerpos construidos como violables no puedan expresar consentimiento o negarse a participar en una actividad sexual, sino que sus demandas serán ininteligibles porque están hechas desde una posición fuera de la propia feminidad blanca.

Las mujeres de color son vistas como sexualmente desinhibidas por naturaleza y por lo tanto incapaces de acceder a la pureza sexual en el núcleo de la feminidad blanca. Como Smith escribe en Conquest: Sexual Violence and American Indian Genocide, las mujeres nativas americanas tienen más probabilidades de ser violadas que cualquier otro grupo de mujeres, sin embargo, los medios de comunicación y los tribunales tienden sistemáticamente a prestar atención sólo a las violaciones que implican la violación de una mujer blanca por una persona de color.⁵² Las mujeres inmigrantes indocumentadas son vulnerables a la violencia sexual, no sólo porque no pueden abandonar o denunciar a sus parejas abusivas debido al riesgo de deportación, sino también porque la policía y los agentes de la patrulla fronteriza manipulan habitualmente su posición de poder sobre las mujeres indocumentadas violándolas y agrediéndolas, utilizando la amenaza de deportación para que se sometan y permanezcan en silencio. Las mujeres negras también son sistemáticamente ignoradas por los medios de comunicación y el sistema de justicia penal. Según la abogada y defensora de los derechos civiles Kimberlé Crenshaw, «las mujeres negras tienen menos probabilidades de denunciar sus violaciones, de que sus casos lleguen a juicio, de que sus juicios resulten en condenas y, lo que es más inquietante, de que busquen asesoramiento y otros servicios de apoyo».⁵³ Las mujeres negras tienen menos probabilidades de denunciar sus violaciones porque el hecho de buscar ayuda de la policía a menudo resulta contraproducente: las mujeres pobres de color que llaman a la policía durante las disputas domésticas corren el riesgo de perder la custodia de sus hijos, de ser arrestadas o de ser agredidas sexualmente por los agentes de policía. Dado que la infraestructura que existe para apoyar a las sobrevivientes (asesoramiento, refugios, etc.) a menudo atiende a las mujeres blancas y no llega a las comunidades pobres de color, no es sorprendente que las mujeres de color tengan menos probabilidades de hacer uso de los recursos de las sobrevivientes. Sin embargo, cuando se observa el abandono generalizado de las poblaciones más vulnerables por parte de la policía, el sistema jurídico y las instituciones sociales, es importante ser crítico con la suposición de que el problema principal es el «abandono», ya que esta suposición implica que estos aparatos son neutrales, que su función es proteger a las personas oprimidas y que simplemente están haciendo un mal trabajo. Por el contrario, su propósito es mantener el orden social y proteger los intereses de la gente blanca propietaria. Si estas instituciones son violentas en sí mismas, entonces la ampliación de su jurisdicción no ayudará a aquellos que quieren poner fin al orden de la supremacía blanca, especialmente mientras el racismo y el patriarcado perduren.

En última instancia, nuestras apelaciones a la inocencia demarcan quién es matable y quién es violable, aunque estemos usando estratégicamente tales apelaciones para protestar por la violencia cometida contra uno de nuestros compañeros. Cuando desafiamos la violencia sexual con apelaciones a la inocencia, nos tendemos una trampa reforzando la suposición de que los cuerpos de las mujeres blancas son los únicos que no pueden ser violados, porque sólo se santifica la feminidad blanca.⁵⁴ Como escribe Kimberlé Crenshaw: «El énfasis inicial de la ley sobre la violación en el aspecto de la castidad de la mujer, que es similar a la propiedad, dio lugar a una menor solicitud por parte de las víctimas de violación cuya castidad se había devaluado de alguna manera».⁵⁵ Una vez que «regala» su castidad, ya no la «posee» y, por lo tanto, no puede ser «robada». Sin embargo, la asociación de las mujeres de color con la desviación sexual les impide poseer esta «valiosa» castidad.⁵⁶

La insistencia en la inocencia resulta en una negativa a escuchar a los que son etiquetados como culpables o definidos por el Estado como «criminales». Cuando nos basamos en apelaciones a la inocencia, excluimos una forma de resistencia que está fuera de los límites de la ley y en su lugar nos aliamos con el Estado. Esto ignora que los «enemigos» en la guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo son definidos racialmente, y que el género y la clase delimitan quién es digno de reconocimiento legal. Cuando el movimiento Occupy estaba en pleno apogeo, leí innumerables artículos y me encontré con participantes que estaban ansiosos por vigilar la política y las tácticas de aquellos que no encajaban en un modelo de resistencia no violenta. La tendencia era construir una política desde la posición de la clase media blanca privada de derechos y eliminar, negar y diferenciar el movimiento de Occupy de los «delincuentes» o elementos radicales condenando la destrucción de la propiedad, los enfrentamientos con la policía y, en casos como el de Baltimore, los análisis anticapitalistas y anarquistas. Cuando Amy Goodman preguntó a Maria Lewis de Occupy Oakland sobre los manifestantes «violentos» después de más de cuatrocientos arrestos realizados durante un intento de ocupar el vacío Centro de Convenciones Henry J. Kaiser en Oakland, me complació que Lewis afirmara el enojo de la gente en vez de extirparlo:

Aunque el comentario sigue enmarcando la cuestión en términos de crisis capitalista, la respuesta rearticula hábilmente los términos del debate: a) afirmar las acciones inmediatamente; b) rechazar la purificación del movimiento integrando en lugar de excluir los elementos «violentos»;⁵⁸ c) legitimar el enojo y los deseos de los manifestantes; y d) desplazar la atención a la naturaleza estructural del problema en lugar de hacer juicios morales sobre los actores individuales. En otras palabras, rechaza una política de inocencia que reproduce al ciudadano «bueno» y obediente. Stokely Carmichael lo expresó bien cuando dijo: «La forma en que el opresor trata de impedir que el oprimido utilice la violencia como medio para lograr la liberación es planteando cuestiones éticas o morales sobre la violencia. Quiero afirmar aquí enfáticamente que la violencia en cualquier sociedad no es ni moral ni ética. No es ni correcta ni errónea. Es simplemente una cuestión de quién tiene el poder de legalizar la violencia».⁵⁹

La práctica de aislar los casos moralmente aceptables para poner de relieve la violencia racista requiere que se sufra pasivamente la muerte negra y consiente un marco que refuerza y oculta los paradigmas actuales del racismo. Aunque puede ser cierto que Trayvon Martin estaba desarmado, no debemos afirmarlo con un justo sentido de satisfacción. ¿Y si Martin estuviera armado? ¿Y si fue capaz de defenderse? Si la situación hubiera dado lugar a la muerte de George Zimmerman en lugar de la de Martin, es poco probable que el público se hubiera sentido tan indignado y se hubiera movilizado en la misma medida.

Antes de la absolución de Zimmerman, mucha gente de la izquierda tenía fe en que habría «justicia para Trayvon», como si el tiempo en prisión para Zimmerman pudiera compensar de alguna manera la muerte de Martin. Cuando construimos una política en torno a estándares de legítima victimicidad que requieren un sacrificio pasivo, construiremos una política que requiere un chico negro muerto para demostrar su punto. No es sorprendente que la nación o incluso los líderes negros no se hayan unido a CeCe McDonald, una mujer negra trans que fue condenada por homicidio en segundo grado después de que un grupo de blancos racistas y transfóbicos la atacara a ella y a sus amigos, cortando la mejilla de McDonald con una botella de vidrio y provocando un altercado que llevó a la muerte de un hombre blanco que tenía una esvástica tatuada. Las mujeres transexuales de color que se ven envueltas en enfrentamientos que resultan en la muerte de sus atacantes son criminalizadas por su supervivencia. Cuando Akira Jackson, una mujer negra trans, apuñaló y mató a su novio después de que éste la golpeara con un bate de béisbol, se le impuso una condena de cuatro años por homicidio involuntario.

Los casos en que una persona negra «inocente» (pasiva) es víctima también brindan a la conciencia blanca liberal la oportunidad de purificarse y ennoblecerse moralmente adoptando una posición contra el racismo. Es necesario cuestionar el uso de ciertos sujetos racializados y diferenciados por género como instrumentos de alivio emocional para la sociedad civil blanca, o como organismos que pueden ser desplazados en aras de proporcionar analogías para amplificar el sufrimiento de los blancos (siendo la «esclavitud» la analogía favorita). Aunque debemos hacer hincapié en que Troy Davis no mató al agente de policía Mark MacPhail, tal vez también debamos preguntarnos por qué el público está moralmente indignado por el asesinato de un policía y no por los 136 estadounidenses negros desarmados asesinados por agentes de policía, guardias de seguridad y vigilantes autodesignados sólo en 2012. Hablar de estos asesinatos no los anulará. Tener la «línea correcta» no puede alterar la realidad si no ponemos nuestros cuerpos donde están nuestras bocas. Como dice Spivak, «no puede convertirse en nuestra meta el seguir vigilando nuestro lenguaje».⁶⁰ Rechazar la política de la inocencia no se trata de asumir una cierta postura teórica o adoptar una cierta perspectiva, es una posición vivida.