Giorgio Agamben: “Los franceses tienen que luchar contra el proyecto de una enésima ley antiterrorista” (entrevista)

Después de la conmoción de Charlie, la clase política nos habla mucho del “derecho a la seguridad”. ¿Tendríamos que ser cautelosos respecto a esto?

En lugar de hablar de la libertad de prensa, uno debería hablar más bien de preocuparse por las repercusiones que las reacciones ante los actos terroristas tienen sobre la vida cotidiana y sobre las libertades políticas de los ciudadanos, sobre los cuales pesan dispositivos de control cada vez más generalizados. Pocos saben que la legislación en vigor en materia de seguridad en las democracias occidentales —por ejemplo en Francia e Italia— es sensiblemente más restrictiva que aquella en vigor en la Italia fascista. Como se pudo ver en Francia con el caso Tarnac, el riesgo consiste en que todo disentimiento político radical sea clasificado como terrorismo.
Una consecuencia negativa de las leyes especiales sobre el terrorismo es también la incertidumbre que introducen en materia de derecho. Considerando que la investigación sobre los crímenes terroristas fue retirada, tanto en Francia como en los Estados Unidos, a la magistratura ordinaria, resulta extremadamente difícil la posibilidad de llegar nunca a la verdad dentro de este dominio. Lo que toma el lugar de la certeza jurídica es una amalgama rencorosa de reseña mediática y de comunicados de policía, que acostumbra a los ciudadanos a no preocuparse ya por la verdad.

Te van a acusar de preparar el terreno para el conspiracionismo…

No. En nuestro sistema de derecho, la responsabilidad de un crimen debe ser certificada a través de una investigación judicial. Si ésta se vuelve imposible, la responsabilidad de un delito jamás se podrá asegurar como cierta. Se hace como si todo fuera claro y acaba siendo borrado el principio jurídico según el cual nadie es culpable antes del juicio. Las teorías conspiracionistas que acompañan invariablemente a este tipo de acontecimiento se alimentan de la deriva seguritaria de nuestras sociedades occidentales, que arroja un velo de sospecha encima del trabajo político-judicial.
A este respecto, la responsabilidad de los medios de comunicación es flagrante. La indiferencia y la confusión que producen nos hacen de este modo olvidar que nuestra solidaridad con Charlie Hebdo no tendría que impedirnos ver que el hecho de representar de forma caricaturesca al árabe como un tipo físico perfectamente reconocible trae consigo el recuerdo de lo que hacía la prensa antisemita bajo el nazismo, en la cual fue forjado en este mismo sentido un tipo físico del judío. Si hoy se aplicara este trato a los judíos, un escándalo tendría lugar.

Antes de los atentados, todos los especialistas de los servicios secretos repetían: “La cuestión no es saber si Francia será tocada por un atentado, sino cuándo lo será. ”Presentar el acto terrorista como ineluctable ¿es un primer recurso para el condicionamiento del ciudadano?

El terrorismo es hoy un elemento estable en la política gubernamental de los Estados, del cual no podrían prescindir. Así pues, no hay que sorprenderse de que sea presentado como ineluctable. ¿Podemos imaginar la política extranjera de los Estados Unidos sin el 11 de septiembre? Esto es tan cierto que en Italia, que en los años llamados “de plomo” fue el laboratorio para las estrategias de utilización del terrorismo, hubo atentados, como el de Piazza Fontana en Milán, de los cuales sigue sin saberse si fueron cometidos por los servicios secretos o por los terroristas. Y yo creo que el terrorismo es por definición un sistema en el que servicios y fanatismo trabajan juntos, a veces sin saberlo.
Comparto enteramente la convicción de Marie-José Mondzain: no es cierto que todos somos iguales ante los eventos terroristas. Una mayoría los vive únicamente sobre el plano afectivo, pero hay también algunos que les quieren sacar partido políticamente (los vemos ya a la obra). Hay, finalmente, una minoría que trata de comprender y reflexionar las causas verdaderas. Hace falta trabajar para que esta minoría se vuelva una mayoría.

Se tiene la impresión de que las leyes antiterroristas son ampliamente consensuadas tanto a la izquierda como a la derecha, pero que los ciudadanos han desertado el debate público en torno a ellas.

Para comprender la unidad sistémica que se estableció entre Estado y terrorismo, no hay que olvidar que las democracias occidentales se encuentran hoy en el umbral de un cambio histórico con respecto a su estatuto político. Sabemos que la democracia nació en Grecia en el siglo V con un proceso de politización de la ciudadanía. Mientras que en ese momento la pertenencia a la ciudad era definida principalmente por condiciones y estatutos de diferentes especies (comunidad cultual, nobleza, riqueza, etc.), la ciudadanía, concebida como participación activa en la vida pública, se vuelve en adelante el criterio de la identidad social.
Hoy asistimos a un proceso inverso de despolitización de la ciudadanía, que se reduce cada vez más a una condición puramente pasiva, en un contexto donde los sondeos y las elecciones mayoritarias (vueltas además indiscernibles) van de la mano con el hecho de que las decisiones esenciales son tomadas por un número cada vez más reducido de personas. En este proceso de despolitización, los dispositivos de seguridad y la extensión al ciudadano de las técnicas de control en otro tiempo reservadas a los criminales reincidentes, han jugado un papel importante.

¿Qué lugar tiene el ciudadano en este proceso?

El ciudadano en cuanto tal se vuelve al mismo tiempo un terrorista en potencia y un individuo que exige permanentemente seguridad contra el terrorismo, acostumbrado a ser registrado y videovigilado por todas partes en su ciudad. Ahora bien, es evidente que un espacio videvigilado no es ya un ágora, no es ya un espacio público, es decir, político. Desgraciadamente, en el paradigma seguritario, las estrategias políticas coinciden con intereses propiamente económicos. No se dice que las industrias europeas de seguridad, que conocen hoy un desarrollo frenético, son los grandes productores de armamentos que se han convertido a los negocios seguritarios, ya se trate de Thales, Finmeccanica, EADS o BAE Systems.

Francia ha votado quince leyes antiterroristas desde 1986, ya hay quienes piden un “Patriot Act a la francesa”, y sin embargo, no pudimos impedir ni a Merah, ni a los hermanos Kouachi, ni a Coulibaly. ¿Cómo explicar la falibilidad de estos dispositivos?

Los dispositivos de seguridad fueron inventados primero para identificar a los criminales reincidentes: como se pudo ver en estos días y como tendría que ser evidente, sirven para impedir el segundo golpe, pero no el primero. Ahora bien, el terrorismo es por definición una serie de primeros golpes, que pueden golpear a quien sea y donde sea. Esto lo saben perfectamente los poderes políticos. Si persisten intensificando las medidas de seguridad y las leyes restrictivas de las libertades es pues porque apuntan a otra cosa.
A lo que apuntan, tal vez sin tener consciencia de ello, ya que se trata aquí de transformaciones profundas que tocan la existencia política de los hombres, es al paso de las modernas democracias de masas a eso que los politólogos estadounidenses denominan el Security State, es decir, una sociedad donde la vida política se vuelve de hecho imposible y donde sólo se trata de gestionar la economía de la vida productiva. La paradoja aquí es que vemos un liberalismo económico sin límites cohabitar perfectamente con un estatismo seguritario de igual modo ilimitado. Lo menos que se puede decir es que este Estado, cuyo nombre remite etimológicamente a una ausencia de cuidado, por el contrario sólo puede volvernos más cuidadosos hacia los peligros que implica para la democracia. En él, una vida política se ha vuelto imposible, y una democracia sin vida política no tiene sentido. Es por esto que es importante que los franceses luchen contra el proyecto anunciado por el gobierno de una enésima ley contra el terrorismo.
Pienso también que es preciso situar el pretendido enfrentamiento entre el terrorismo y el Estado en el marco de la globalización económica y tecnológica que ha conmocionado la vida de las sociedades contemporáneas. Se trata de aquello que Hannah Arendt denominaba ya en 1964 la “guerra civil mundial”, la cual ha remplazado las guerras tradicionales entre Estados. Ahora bien, lo que caracteriza a esta situación es justamente que no se puede distinguir claramente los adversarios y que el extranjero está siempre en el interior. En un espacio globalizado toda guerra es una guerra civil y, en una guerra civil, cada uno combate, por así decir, contra sí mismo. Si los poderes públicos fueran más responsables, se medirían con este fenómeno nuevo y tratarían de tranquilizar esta guerra civil mundial en lugar de alimentarla mediante una política extranjera demencial que actúa del mismo modo que una política interior.

¿Cómo resistir a esta tentación seguritaria? ¿Existen barreras de contención?

Es claro que, frente a este tipo de situación, nos hace falta repensar de arriba abajo las estrategias tradicionales del conflicto político. Está implícito en el paradigma seguritario que cada conflicto y cada tentativa más o menos violenta para derrocarlo es para éste sólo la ocasión de gobernar sus efectos en beneficio de los intereses que le son propios. Esto es lo que muestra la dialéctica que vincula estrechamente terrorismo y respuesta estatal en una espiral viciosa y virtualmente infinita. La tradición política de la modernidad ha pensado los cambios políticos radicales bajo la forma de una revolución más o menos violenta que actúa como el poder constituyente de un nuevo orden constituido. Yo creo que hace falta abandonar este paradigma y pensar algo como una potencia puramente destituyente, que no sabría ser capturada dentro del dispositivo seguritario y la espiral viciosa de la violencia.
Hasta la modernidad, la tradición política de Occidente estaba fundada en la dialéctica entre dos poderes heterogéneos, que se limitaban entre sí: la dualidad entre la auctoritas del Senado y la potestas del cónsul en Roma; la del poder espiritual y del poder temporal en la Edad Media; y la del derecho natural y del derecho positivo hasta el siglo XVIII. Las democracias modernas y los Estados totalitarios del siglo XX se fundan, por el contrario, en un principio único del poder político, que se vuelve de este modo ilimitado. Lo que conforma la monstruosidad de los crímenes cometidos por los Estados modernos es que son perfectamente legales. Para pensar una potencia destituyente haría falta imaginar un elemento, que, al mismo tiempo que permanece heterogéneo al sistema político, tendría la capacidad de destituir y suspender sus decisiones.

Entrevista por Olivier Tesquet publicada el 20 de enero de 2014 en Telarama.